El Supremo rectifica y decide que los clientes paguen el impuesto de hipotecas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados (impuesto sobre hipotecas).

De este modo el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. De este modo el alto tribunal corrige a la Sección que innovó la doctrina que se había mantenido durante más de dos décadas y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. La sentencia, junto con los votos particulares se conocerá en los próximos días. Mientras, el Supremo ya sabe que el sábado a las seis de la tarde se ha convocado una manifestación a sus puertas por parte de Podemos.

Una fractura evidente en el Supremo

Tras dos jornadas de deliberaciones el alto tribunal no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados, y el fallo ha salido por 15 votos frente a 13.

Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

Las tres sentencias que se conocieron a mediados de este mes también por recursos del Ayuntamiento de Rivas y que supusieron un giro en la doctrina son firmes, por lo que se dará la curiosa circunstancia que en una misma localidad los vecinos que se hipotecaron en unas promociones inmobiliarias pagaran el impuesto y otros podrán reclamar su devolución.

Polémica avocación a Pleno

La celebración de este Pleno fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas por seis magistrados de la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes.

Por ello alguno magistrados del propio Supremo y también desde diversos ámbitos judiciales se cuestionó la decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de avocar a un cónclave de 28 magistrados otros tres recursos idénticos sobre este asunto interpuestos por el mismo recurrente.

El alboroto mediático y social que causó la decisión de Díez-Picazo obligó incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación par pedir perdón por la gestión del asunto dada la importancia y repercusiones sociales y económicas de la decisión. También negó que hubiera recibido llamadas de entidades bancarias para forzar dicha revisión.

En la deliberación no han estado presentes tres de los magistrados de lo Contencioso del Supremo: el magistrado Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje; Segundo Menéndez, ocupado con asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas, ya que es miembro de la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que se ha apartado porque familiares suyos tienen una vivienda en Rivas-Vaciamadrid.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo notificó el pasado 18 de octubre la primera de las tres sentencias que supusieron un giro jurisprudencial al favorecer a los ciudadanos.

En esta resolución, a la que siguieron dos en el mismo sentido, se destacó la necesidad de "corregir" la doctrina vigente pese a la "solidez de buena parte" de sus argumentos y se estableció que fuesen los bancos los que pagaran el impuesto al ser los interesados de la inscripción de la hipoteca (el elemento que determina el pago del impuesto).

Adicae cree que las presiones de los bancos han hecho efecto, pero consideran que los consumidores podrán seguir reclamando, "porque se ha girado anómalamente de un lado a otro".

El resultado de la votación se ha producido tras 16 horas de deliberación y ha puesto sobre la mesa la división evidente entre los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso. La decisión adoptada del Pleno convocado por el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo crea una situación de inseguridad jurídica que ya está siendo recibida con dureza.

La quiebra en el Supremo aparece en el peor momento. Los magistrados que integran la Sección Segunda, dedicada a tributos, votaron favor de que fuera la banca la que asuma estos gastos mientras que la del Contencioso ha apostado por lo contrario. Parece que la historia no va a acabar aquí y, como en el caso de las cláusulas suelo, puede acabar en las instancias europeas.

Y no está la justicia para más sofocos, tras los casos de Otegui y el independentismo catalán. El texto de las sentencia se conocerá en los próximos días. Lesmes dijo que la reunión no era para dar la vuelta a la sentencia pero la realidad le ha desmentido.

Ante el fallo del Tribunal Supremo Unidos Podemos ha decidido convocar una manifestación el próximo sábado a las 18:00 frente al edificio del alto tribunal.

Reacciones ante esta decisión

FACUA ha calificado de "aberración" la decisión tomada por el Tribunal Supremo.

El Gobierno ha declarado que analizará esa decisión y que fijará su posición en el Consejo de Ministros de esta semana. Magdalena Valerio Cordero, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha subrayado que "hay que respetar las resoluciones judiciales".

Respecto a los personajes políticos, Pablo Iglesias, secretario general de la formación morada, declara que "la independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada". Por su parte, Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular de Cataluña, lo ha denominado "un grave error.

Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, ha denominado "ladrones" a los bancos privados y que el Tribunal Supremo, al posicionarse a su favor, confirma que "el sistema está podrido y agotado".

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, que ha defendido salir a la calle a defender "que se haga justicia". "En el Tribunal Supremo, 15 a 13, gana la banca. La verdad es que todo el mundo se lo imaginaba. Queda comprometida la seguridad jurídica, y saldremos a la calle a defender que se haga justicia", ha señalado en Twitter.

Para el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, la decisión del TS demuestra que "los ricos" han comprado el alto tribunal. "No les importa destruir el prestigio de nuestro sistema de justicia con tal de que la banca se siga forrando a costa de la gente. Ya sabíamos que los ricos se compraban gobiernos. Hoy se han comprado el Supremo. Hay que llenar las calles de la dignidad que ellos no tienen", ha defendido.

Muy crítico se ha mostrado también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha calificado la decisión del Alto Tribunal de “incomprensible”.

“No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro”, ha escrito a través de Twitter.

Por otro lado, el líder del PP, Pablo Casado, se ha hecho eco de la noticia retuiteando un mensaje de su compañero, el secretario general del PP Teodoro García Egea, quien ha anunciado: “Desde el Partido Popular vamos a plantear en La Ley de contratos de crédito inmobiliario cambios en la distribución de los gastos derivados de las hipotecas. Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD”, ha escrito.

La OCU, ha emitido un comunicado en el que "lamenta la bochornosa sentencia". Se trata de "una sentencia inaudita que supone una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal y que perjudica a más de 12 millones de familias en España", asegura.

En una dura nota, la Organización de Consumidores y Usuarios pide la "inmediata dimisión" del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Díaz Picazo, "por una gestión pésima sin precedentes" y asegura que la decisión final "pone en cuestión la independencia de poder judicial frente al poder de la banca y crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad".

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