¿Cómo son los impuestos a energéticas, banca y fortunas que se aprueban en los Presupuestos Generales del Estado?

El impuesto a la banca, las energéticas y las grandes fortunas ha llegado por fin al Congreso. El Gobierno prevé aprobar el anteproyecto de ley con ayuda de sus socios parlamentarios y a pesar del rechazo de PP y Vox. El objetivo de la iniciativa impulsada por PSOE y UP es que los sectores con más beneficios arrimen el hombro para hacer frente a la subida de los precios provocada por la invasión rusa a Ucrania. 

Está previsto que estos nuevos impuestos a los que más ganan empiecen a aplicarse en 2023 por lo que los tiempos son justos para su aprobación este jueves tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El anteproyecto, que ya pasó un primer examen -el debate de totalidad- necesitará el apoyo de los partidos de la coalición para que sea remitido al Senado.

Impuesto a los bancos. Lo pagarán los bancos que tuvieran unas ganancias de más de 800 millones de euros procedentes de los intereses y las comisiones. El tipo será del 4,8% y deberán abonar el pago en el mes de septiembre. 

Quedan fuera de este impuesto los beneficios obtenidos por estas empresa en el exterior. También se establece que el gasto movilizado para abonar el impuesto no se podrá deducir a efectos del Impuesto de Sociedades. 

Impuesto a las empresas energéticas.  Lo pagarán las que tengan un volumen neto de negocios en 2019 que supere los 1.000 millones de euros. Las energéticas tendrán que pagar un impuesto del 1,2%. Podrán abonar el pago en febrero o en septiembre. 

Una enmienda pactada por PSOE, UP y PNV -entre otros gruppos-  incorpora la exclusión de este gravamen de los ingresos procedentes de las actividades reguladas (estas son las tarifas reguladas de luz, gas y butano, así como los derivados del transporte y distribución de electricidad y gas). También quedan fuera la facturación en los mercados extranjeros y los ingresos procedentes de la retribución regulada y adicional de territorios insulares. 

Estos impuestos no podrán ser repercutidos en el usuario. Si los bancos lo hacen, ya sea de forma directa o indirecta se considerará una infracción muy grave y el infractor se arriesga a una multa de hasta el 150% del importe repercutido. 

El impuesto a los más ricos, esto es las personas que tengan un patrimonio neto superior a los tres millones de euros. Los afectados por el gravamen podrán deducirse en 700.000 euros la base imponible en concepto de mínimo exento.  Se prevé que sea un impuesto temporal que se aplicará durante dos ejercicios. 

 Los cuatro mayores bancos españoles declararon beneficios de más de 200.000 millones en 2021 y este año  la subida de los tipos de interés acordada por el Banco Central Europeo (BCE) permitirá a las entidades financieras incrementar aún más su lucro.