María Jesús Montero ha avanzado el paquete de medidas fiscales que el Gobierno pretende introducir en los próximos Presupuestos Generales del Estado y en el Congreso de los Diputados. Con la inflación disparada, era una necesidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el nuevo impuesto a las grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros, mientras que las rentas del capital tributarán más en el IRPF a partir de 200.000 euros.

Montero, que compareció en rueda de prensa, indicó que el nuevo impuesto se aplicará en 2023 y 2024 y constará de tres tramos: entre 3 y 5 millones de riqueza neta se pagará un 1,7%; entre 5 y 10 millones, un 2,1%; y por encima de 10 millones, un 3,5%. Con este nuevo impuesto, que permitirá deducir el Impuesto de Patrimonio, el Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros. El impuesto tendrá tres tramos: un tipo del 1,7 % para patrimonios de entre 3 y 5 millones; 2,1 % para patrimonios de entre 5 y 10 millones, y 3,5 % para patrimonios de más de 10 millones de euros.

Las medidas para grandes empresas supondrán un aumento de un punto del IRPF hasta el 27% en rentas del capital superiores a 200.000 euros y de dos puntos hasta el 28% a las rentas superiores a 300.000 euros, la fijación del 15% del tipo mínimo del impuesto de sociedades, un gravamen transitorio a las empresas energéticas y a la banca y otros impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales. Se rebaja el impuesto de sociedades del 25 al 23% para pequeñas y medianas empresas que facturan menos de un millón de euros.

Sin embargo, se limita en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas consolidadas de las filiales de los grandes grupos, medidas con la que se pretende recaudar 2.439 millones y afectará a más de 3.300 empresas. Según los cálculos presentados por Hacienda, la bajada en dos puntos del tipo al 23% en Sociedades para las empresas que facturan menos de un millón de euros beneficiará a 407.000 empresas y les permitirá ahorrar 292 millones de euros.

En cambio, los grandes grupos consolidados solo podrán deducirse el 50% de sus pérdidas en 2023 -podrán aplicar el resto en 2024-, lo que permitirá incrementar la recaudación en 2.439 millones de euros en 2023 y 2024, y solo afectará a 3.609 empresas, un 0,2 % del total.

En el caso de los autónomos se rebajará de forma adicional un 5% en el rendimiento neto de los módulos y se eleva de 5% al 7% la reducción por gastos deducibles de difícil justificación en el régimen de estimación directa simplificada, que beneficiará a casi 580.000 autónomos.

Las medidas van divididas en dos secciones: fiscalidad para una mayoría social y para las grandes empresas. En el primer apartado, estarían una rebaja del IVA de al electricidad y de otros impuestos de la energía eléctrica, una reducción del IVA del gas natural, la leña y los pellets, una rebaja del IVA en mascarillas quirúrgicas del 21% al 4% y un tipo del 0% del IVA a la importación de material sanitario, vacunas y tests.

En cuanto a las rentas más desfavorecidas el Gobierno aumentará la población exenta de IRPF, que pasará de los que cobren 14.000 euros a 15.000 euros y a beneficios fiscales de rentas de hasta 21.000 euros (hasta ahora era de 18.000).

Montero ha explicado que el 50 % de los trabajadores se beneficiará de la ampliación de la reducción del IRPF, ya que el salario mediano es de 21.000 euros.

El impacto para los contribuyentes será de 1.881 millones de ahorro en dos años.

Este acuerdo llega después de la intensa batalla fiscal planteada desde las autonomías, abierta por Juanma Moreno en Andalucía con la supresión del impuesto de patrimonio.

En un escenario como el actual, con una elevada inflación, muchos hogares han perdido poder adquisitivo y les cuesta más poder pagar la comida, energía y productos. Además, puede incluso que tengan que pagar más impuestos si el sueldo o la pensión suben.

El dinero cada vez vale menos y los ciudadanos tienen que pagar el mismo porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero con la deflactación del IRPF se pueden corregir los tramos que hacen que los hogares pasen de un tipo a otro cuando sube su nivel de renta.

Esta medida pretende ajustar el pago de este gravamen a los niveles de inflación y ya está en los planes fiscales de varias comunidades pero el Gobierno no apuesto por ello. Este mecanismo no consiste en bajar impuestos, sino que se centra en modificar los tramos que hacen pasar de un tipo a otro a los contribuyentes.

María Jesús Montero ha vuelto a señalar que esta medida también favorece a los que ganan más de 60.000 euros y que se trata de una bajada de impuestos a gran escala algo que deteriora los servicios públicos y es perjudicial para la economía.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado en contra de las deflactaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF) que han llevado a cabo comunidades gobernadas por el PP como "Madrid o Andalucía", ya que beneficia a las rentas altas y no protege a los más vulnerables, y ha derivado al debate sobre el modelo de financiación autonómica la decisión sobre el Impuesto de Patrimonio.

"En el futuro tendremos que ponernos de acuerdo en el modelo de financiación autonómica a propósito de cómo y de qué manera se tiene que comportar esa figura fiscal", ha explicado la titular de Hacienda en rueda de prensa para presentar el paquete de medidas fiscales  para "la justicia social y la eficiencia económica".

Así, la ministra espera que a lo largo de estos próximos dos años (2023-2024) que estará en vigor el nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas --que gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros y es deducible en el Impuesto de Patrimonio--, "toda la política fiscal que tiene que alumbrar el modelo de financiación autonómica esté resuelta".

Durante la presentación del paquete fiscal del Gobierno de coalición, la titular de Hacienda ha cargado contra el modelo de bajadas de impuestos que benefician a las élites y "que busca la individualidad y el sálvese quien pueda": "Yo lo llamo vaciamiento fiscal y necesita del populismo para poder alimentarse", ha criticado.

En este marco, la ministra ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que no entren "en una carrera de quién baja más los impuestos" porque es "perjudicial" para el estado de bienestar y la economía: "Pido un debate fiscal riguroso", ha reiterado.

En el IVA, se bajará el tipo del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, tal y como contemplaba la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', impulsada por el Gobierno y aprobada por las Cortes Generales. Además, se reducirá, según ha comunicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el IVA de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.

Lo primero era llegar a un acuerdo dentro del Gobierno. Parecía que sí, luego que no: "Acabo de hablar por teléfono, no hay acuerdo" decía Yolanda Díaz y finalmente hubo pacto y anuncio. Lo llevó a cabo el gobierno tras unos días de multitud de anuncios fiscales por parte de las comunidades autónomas. Lo recién aprobado, dice el Gobierno, es otra cosa. "Frente a los llamados chamanes fiscales, este Gobierno trabaja con responsabilidad, aplica medidas fiscales selectivas y quirúrgicas que van a mejorar el estado del bienestar", deja claro ,María Jesús Montero.

Critica el PP que no beneficie a las clases medias, también que las medidas no entrarán en vigor hasta 2023. "Decepcionante y escasa bajada de impuestos y que además no afecta al ejercicio 2022, que es el ejercicio con mayor dificultad", dice Feijóo. Hablamos de ingresos, ingresos fiscales, pero Vox hoy quiere poner en el foco en la parte del gasto. "Es hora de que los políticos se apliquen algunos esfuerzos, hagan algunos recortes y no tengamos el gobierno más grande la historia, el gobierno más caro de la historia" Afirman que toca hablar de recortes en la administración", señala Espinosa de los MOnteros.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte de que si se quiere llegar a un pacto de rentas, no se pueden hacer cambios de forma unilateral en los impuestos que afectan a las empresas y pide coherencia al gobierno. Antonio Garamendi, ha pedido estabilidad y seguridad jurídica y ha advertido de que los empresarios son "la solución, y no el problema".

Durante un debate junto al presidente de la Cámara de Comercio de España, en el marco del XXI Congreso de Directivo CEDE celebrado este jueves en Barakaldo (Vizcaya), el presidente de la patronal española ha defendido que, desde la Segunda Guerra Mundial, las empresas "hacían lo que tenían que hacer" y "el efecto político estaba marcado". "Y sin embargo, ahora la política está influyendo muchísimo cada vez que tomamos una decisión. Lo estamos viendo", ha apuntado.

"¿Para qué te van a dar dinero si luego no tienes la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria?", ha preguntado.

Además, cree importante romper "la dicotomía" de grandes y pequeñas empresas porque es "fundamental", y ha reivindicado el "efecto tractor de las grandes empresas en cascada". "Esa gran empresa es capaz de traccionar absolutamente un tejido empresarial enorme. Aquí no sobra nadie", ha indicado.

También ha respondido a quienes piden que la pequeñas empresas crezcan, que "bastante tienen con levantar y bajar la persiana, sufrir con la factura de la luz que tiene ahora y a ver cómo tiran para adelante". "El problema es que decimos que crezcan, pero en cuanto crecen les damos, nos dan", ha dicho.

A su juicio, "lo más importante" es la estabilidad. "Los empresarios somos la solución y no el problema. No podemos ir a hablar de los fondos internacionales, como se ha ido ahora, y atacar directamente a dos presidentes de compañías españolas, y diciendo: 'venga a invertir a España, pero estos señores no me gustan'. Castigando a los empresarios, señalándolos", ha apuntado. Ha añadido que "no se puede salir y decir: ahora voy a topar los precios". "Es decir, por encima de todo, estabilidad, y reivindico que somos la solución", ha insistido. Antonio Garamendi ha manifestado que se puede hablar de "inversiones, de fondos europeos", pero si "el empresario, el directivo de este país no está reconocido, no se no se valora su esfuerzo, la labor que hace, no tenemos nada que hacer".