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El pasado jueves 20 de marzo se aprobó finalmente la Ley de Desperdicio Alimentario. Se había presentado por primera vez durante la pasada legislatura, pero no había tenido luz verde hasta ahora.
Esta iniciativa pretende atajar un problema que cada vez preocupa más. Para hacernos una idea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se desperdician unos 1.300 millones de toneladas de comida, lo que supone en torno al 30% de los alimentos que se producen. En el caso de España, el Ministerio de Agricultura estima que en el año 2023 se desperdiciaron casi 1,3 millones de toneladas, lo que supone una media de 31 kilos por persona.
Esto implica el despilfarro de todos los recursos que se emplean en la producción de esos alimentos (agua, electricidad, combustible y un largo etcétera), además de un notable impacto ambiental y una pérdida de dinero. Sin ir más lejos, se estima que ese desperdicio supone una pérdida de 250 euros por persona al año.
Así pues, esta iniciativa pretende lograr una reducción del despilfarro a lo largo de toda la cadena alimentaria; concretamente, en cinco años se pretende conseguir una disminución del desperdicio del 50% en el ámbito de la venta minorista y el consumo, y del 20% en las cadenas de producción y suministro.
La intención es regular, tomando medidas concretas de carácter obligatorio, y concienciar, para que todos seamos conscientes de la importancia de reducir el desperdicio debido a sus consecuencias económicas, sociales y ambientales. Algunas de las medidas que propone esta iniciativa las vamos a ver en nuestro día a día.
Hasta ahora podíamos llevarnos las sobras de la comida que habíamos pedido en un restaurante. Los establecimientos no se podían negar, pero algunos cobraban por los recipientes o por otros conceptos. A partir de ahora no podrán cobrar por los recipientes, que además deben ser reutilizables o reciclables. Además, deberán informar a la clientela sobre la posibilidad de llevarse las sobras. (Esta medida no aplica a restaurantes de bufet libre y similares).
La legislación también contempla medidas de buenas prácticas. Algunas están dirigidas a establecimientos comerciales, como la que anima a incentivar la venta de productos que se consideran 'feos', imperfectos o poco estéticos; por ejemplo, frutas, verduras y hortalizas con formas que se salen de lo que estamos acostumbrados a ver.
Como se suele decir, “comemos por los ojos”, así que ese tipo de alimentos solían destinarse a otros usos, como la elaboración de productos derivados (por ejemplo, zumos), la alimentación animal o incluso se acababan desechando. Ahora habrá que ver si nuestros prejuicios no nos impiden comprarlos.
Otra de esas medidas de buenas prácticas anima a promover el consumo de productos de temporada y de proximidad. De este modo se puede reducir el desperdicio porque los alimentos que proceden de lugares lejanos pierden parte de su vida útil durante el transporte, momento en el que además se pueden deteriorar. Además, en caso de tener que desecharlos, la pérdida es mayor, dado que requieren más recursos para su distribución.
La ley también anima a incentivar la venta de productos cuya vida útil esté próxima a expirar. Esto puede suponer, por ejemplo, que los establecimientos bajen el precio de los productos con fecha de consumo preferente o fecha de caducidad próxima para animar a su compra.
Además, se incentivará a las empresas productoras para que ajusten las fechas de vida útil al máximo (obviamente priorizando la seguridad alimentaria). La idea es tratar de evitar que desechemos esos alimentos una vez que ha vencido su fecha, incluso aunque a veces siguen siendo aptos para el consumo. Esto puede ocurrir sobre todo con los productos que tienen fecha de consumo preferente, dado que, una vez vencida, no suponen un riesgo inminente para la salud. Lo que ocurre en estos casos es que ven mermadas algunas de sus características organolépticas; por ejemplo, unos garbanzos podrían resultarnos menos jugosos y con menos matices de aroma y sabor, pero sin suponer un riesgo para la salud.
Es muy probable que en los próximos meses y años veamos campañas gubernamentales destinadas a concienciar sobre la importancia de reducir el desperdicio alimentario, dado que es otra medida que contempla esta ley.
La ley establece además una jerarquía de prioridades para aprovechar los alimentos y reducir el despilfarro. Por ejemplo, indica que los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados deben suscribir convenios de colaboración con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para la donación de alimentos (obviamente de aquellos que corran riesgo de ser desperdiciados, pero no supongan riesgo para la salud), algo que ya hacían voluntariamente muchas empresas distribuidoras.
La segunda prioridad sería la transformación de alimentos que sean aptos para el consumo humano, por ejemplo, para la elaboración de zumos o mermeladas.
En caso de que los alimentos no sean aptos para el consumo humano, las prioridades serían, por este orden: alimentación animal y fabricación de piensos; uso como subproductos en otras industrias o finalmente como residuos, para obtención de compost o biocombustibles.
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