La medida de alquileres permitirá que la "carga de la crisis no recaiga sobre los que pagan alquiler y se reparta entre los que reciben las rentas"

  • Los propietarios solo podrían subir a sus inquilinos un 2% la renta pese a que los precios subieron más de un 9% en marzo

  • Inquilinos y propietarios coinciden en que la medida está "limitada en el tiempo" y reclaman un "marco jurídico estable"

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Los detalles sobre la polémica subida de los alquileres en España en 'El programa de Ana Rosa'. La letra pequeña del plan anti crisis del Gobierno incluye una medida que podría perjudicar a los pequeños propietarios por medio de un límite a los alquileres. Los caseros solo podrían subir a sus inquilinos un 2% la renta pese a que los precios subieron más de un 9% en marzo.

En España, donde hay tres millones y medio de inquilinos, la noticia de la alteración de sus alquileres podría afectar a aquellos ciudadanos a los que les tengan que actualizar sus rentas en abril, mayo y junio. En el caso de Lucía, que comparte piso con una amiga, su alquiler asciende a 950 euros al mes, pero con la subida del 2%, subiría a 969 euros. Por otro lado, en el caso de que se le aplicara el IPC, pasarían a pagar 1.022 euros al mes. La mujer confiesa con cautela: "Prefiero no preguntar...".

Por otra parte, desde el Sindicato de Inquilinos se aplaude que se eche el freno a la subida de las rentas. Carlos Castillos, portavoz del sindicato, comenta: "Según esta medida, los propietarios no pueden actualizar los alquileres en base al IPC sino al IGC, un índice mucho menos volátil y que tiene como máximo un 2% a día de hoy". Además, el hombre añade: "Va a permitir que no toda la carga de esta crisis provocada por la guerra en Ucrania recaiga sobre las personas que pagamos el alquiler, sino que se reparta un poco más entre las que reciben las rentas".

María Andreu Pol, Asociación de propietarios de vivienda en alquiler, plantea una solución diferentes: "Para nosotros sería más apropiado referenciar la subida de los alquileres a un índice con una inflación subyacente, que se ha quedado en un 3%". Aún así, ambos coinciden en que es una "medida limitada en el tiempo", según palabras de Carlos Castillo. Mientras que María reclama un "marco jurídico estable".