'El programa de Ana Rosa' informa en exclusiva sobre la última mala noticia que ha recibido Isabel Pantoja sobre su finca Cantora. El periodista Antonio Rossi explica cuál es la normativa que impide a la artista vender su propiedad a empresarios que quieran realizar un parque eólico o solar y detalla que la cantante va a recurrir la normativa a la mismísima Unión Europea.
El colaborador toma la palabra para anunciar el bombazo sobre Cantora: "Hemos comentado muchas veces que Isabel estaba desesperada por vender Cantora, había una intención de montar parques eólicos o fotovoltáicos en la propiedad... hubo un grupo inversor que apostó por la compra con una cantidad superior a los 10 millones de euros, entraba en las pretensiones de Isabel". Sin embargo Antonio Rossi explica por qué se paraliza la venta de la finca: "En el análisis que hace el grupo sobre la finca y la viabilidad para llevar a cabo un huerto fotovoltáico, es que por el Real Decreto del 1 del 2015 del 13 de enero, Cantora se encuentra en una zona de especial conservación de la red ecológica europea Natura 2000".
Antonio Rossi continúa dando más detalles y apunta sobre la finca: "Esto implica que tiene valores faunísiticos my relevantes, representanto un importante área de dispersión y asentamiento de gran variedad de aves rapaces forestales, en especial la población del el aguila imperial iberica". Además, el periodista explica que "esta categoría en la que incluyen a Cantora en el año 2006 lo desconocía Isabel Pantoja, ella pretende recurrir a la Unión Europea, que es un proceso largo, tedioso y muy poco productivo. De hecho, le han dicho que no va a conseguir que lo descataloguen a Cantora".
El colaborador es muy claro al hablar de la situación que tiene ahorala finca: "Esto le va a complicar para futuras ventas... no puede construirse ahí un parque eólico ni fotovoltáico, solo lo dejan para desarrollo rural o turístico rural". Una adjudicación que ha indignado a Isabel y que ya se ha puesto manos a la obra para recurrirla: "Se puso en contacto con la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Agricultura y Pesca, ella dice que nadie se lo comentó o informó, ella no podía alegar al salir publicada la catalogación en el BOE y cree que ahí se vulneraron sus derechos".