Natalia finalmente denuncia a su pareja y el juzgado de lo penal número dos de Zaragoza le condena por un delito de lesiones y le impone una pena de 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y comunicarse con su pareja durante dos años. Sin embargo, a pesar de esta pena y de que las estadísticas y los psicólogos coinciden en los riesgos tremendos que corren los menores con padres maltratadores, la hija de Natalia sigue viendo a su padre de acuerdo al régimen de visitas dictado por un juez. La ley del Gobierno de Aragón respalda a Natalia, pero ni siquiera esto ha impedido que la menor siga viendo a su padre. La protección de su hija es el primer objetivo de Natalia, pero también está realizando una labor crucial ayudando a otras víctimas de violencia de género. Natalia ha vuelto a ser la persona valiente, libre y rebelde que fue. Se siente con más fuerzas que nunca y se muestra decidida a demostrar que una mujer es capaz de recuperarse por completo de un caso de maltrato.