Clemencia y su marido permanecerán en el piso en el que viven con sus dos hijas y sus dos nietas durante los últimos años en Mislata (Valencia). "Estamos muy mal, están mis nietos pequeños conmigo y yo estoy enferma", señala la mujer que tiene una discapacidad reconocida del 33%.

La presión ejercida por los miembros de la PAH ha permitido una vez más paralizar el desahucio previsto para este miércoles. Durante más de cuatro horas en las que ha habido gritos y algún empujón con las fuerzas de seguridad, se han vivido momentos de tensión. "Queremos agradecer a la plataforma su ayuda que nos da tiempo para buscar una nueva vivienda para mudarnos", explica Marco Antonio Molina, marido de Clemencia.

El matrimonio solicitó una hipoteca para adquirir el piso hace casi una década, pero llegaron los problemas económicos y no pudieron hacer frente a los pagos.

No obstante, el juzgado reconoció a la familia a permanecer en la vivienda en aplicación de la Juzgado que le reconoció a la familia de Clemencia el derecho en aplicación de la modificación de la Ley 1/2013, que protege hasta 2024 a las personas vulnerables que todavía no han perdido su hogar y no tienen una alternativa ocupacional.

Sin embargo, el mismo juzgado que concedió esta moratoria, permite ahora la ejecución del desahucio. "No tiene sentido que no se estime el recurso presentado para que puedan permanecer en el vivienda", señala Defina Sánchez, representante de la PAH.

La plataforma denuncia la actuación de mala fe del fondo Gramina Homes, propietario de la vivienda, que utiliza una maniobra que califican de perversa. "Los fondos buitres plantean lo que se llama un desahucio a ignorados ocupantes, que no es el caso, porque son personas legitimadas por la ley para permanecer en la vivienda", explica Delfina Sánchez.