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A sus 87 años, Carmen ha perdido el hogar en el que ha vivido desde 1.974 en el valenciano barrio de Patraix.
El pasado 3 de noviembre varios furgones policiales se presentaron en su vivienda para desahuciarla por supuestamente incumplir el contrato de alquiler, al tener perros en el piso. "Los perros son míos y alguna vez los he dejado un rato en casa de mi madre para ir a comprar, pero no están ahí", explica Dolores, hija de Carmen.
Con esta argucia legal, el nuevo propietario del edificio buscaba que Carmen abandonara la vivienda que tiene en renta antigua y de la que no debe ni un solo recibo de la cuota de alquiler. "Lo que quiere el nuevo dueño es alquilar el piso por habitaciones para ganar más dinero como ya ha hecho con otros pisos del edificio", asegura la anciana.
Tras varias horas de tensión, el desahucio se frenó gracias a la presión de los miembros de la PAH que acudieron en su auxilio.
Sin embargo, Carmen decidió dejar la vivienda ante el riesgo de que la comisión judicial apareciera cualquier día en su casa, ya que no le comunicaron cuál sería la próxima fecha fijada para ejecutar el desahucio.
La sorpresa llegó días después, cuando su hija volvió a la vivienda para recoger las pertenencias de su madre, pero habían cambiado la cerradura de la puerta. "Es una pena, todos mis muebles se han dañado y los recuerdos de una vida entera los tengo guardados en un trastero", lamenta la anciana.
Desde entonces vive en casa de una amiga porque con una pensión de poco más de 600 euros no se puede permitir alquilar un piso. "Ella viaja y me deja estar en su casa", señala.
El caso de Carmen es muy singular por un doble motivo.
Por un lado se trata de lo que se conoce como un desahucio en abierto porque que el afectado desconoce la fecha exacta en la que se va a producir el desalojo. "Cuando acudió la comisión judicial por primera vez no se dejó el acta correspondiente en la que se indica esa fecha y eso es una clara vulneración de los derechos fundamentales de la persona que queda en desamparo", explica José Luís González, miembro de la PAH.
Además, el juzgado no ha dictado una sentencia firme sobre el caso, pero Carmen ya ha perdido su hogar.