Sheila sufre un trastorno del espectro autista (TEA), con un 86% de discapacidad y grado 3 de dependencia.
Desde que era pequeña, sus abuelos, Paco y Mari, se han hecho cargo de ella, aunque su madre tiene la custodia. “Ella no se siente capaz de tenerla y el padre se ha desentendido de ella y hace 3 años que no le pasa la pensión alimenticia”, explica la abuela.
Una responsabilidad que han podido afrontar con mucho esfuerzo, pero que después del verano se ha vuelto inasumible para dos personas de su edad.
Sheila ha cumplido 21 años y después de las vacaciones no ha podido volver a la escuela a la que acudía a diario. “A esa edad acaba la etapa educativa, tienen que abandonar el centro y ya no hay recursos públicos para niños como ellos”, Alejandro Amblar, presidente de la Plataforma Defensa TEA.
En tan solo dos meses, la situación se ha vuelto insoportable. Sin poder cumplir con su rutina habitual, Sheila se ha vuelto muy agresiva y no deja de dar golpes con la cabeza en las puertas y paredes de la casa, que están destrozadas. “Estoy desesperada, los golpes son continuos y es una tortura, pero no la vamos a dejar sedada. Ella no habla y se expresa así”, explica Mari.
En tan poco tiempo, la joven ha perdido gran parte del trabajo realizado durante años por los terapeutas, los profesionales del colegio y sus abuelos. “Ella era feliz en el colegio, tenía sus amigos y hacía sus actividades”, lamenta la abuela.
Los abuelos han intentado sin éxito buscar una plaza en centro de día para Sheila, ya que no existen residencias específicas para personas con autismo.
Sin embargo, no dejan de luchar por su nieta y han conseguido que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas haya abierto un expediente de urgencia, aunque hace dos años que no hay plazas vacantes en los centros de día y la lista de espera es interminable. “Nosotros no tenemos recursos para buscarle un centro privado y tampoco una ayuda pública”, asegura Paco.
Ante este callejón sin salida, son muchas las familias que se ven obligadas a ceder la tutela de sus hijos a la Generalitat Valenciana. “Es muy triste y muy duro, pero de esta forma se aseguran que van a obtener una plaza pública de manera rápida”, afirma Alejandro Amblar.
Una decisión que Paco y Mari no quieren tomar hasta no agotar todas las opciones. “La hemos criado nosotros y la queremos más que a una hija”, afirma el abuelo.