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Christian Lesaec dirige desde su casa en Alfafar (Valencia), todavía sin cocina ni comedor, la principal asociación de damnificados por las riadas del 29 de octubre y ha puesto en marcha una iniciativa judicial -civil y penal- para que "se aclare lo que pasó aquella tarde y paguen quienes dejaron de hacer sus funciones".
"No sé si los políticos se dan cuenta de la desafección que genera el enfrentamiento continuo y la falta de asunción de responsabilidades", lamenta este profesor de francés de 55 años, convertido repentinamente en portavoz de cientos de damnificados.
En una entrevista con la Agencia EFE, Lesaec explica que reside en Alfafar desde hace más de 20 años, cuando conoció a su mujer. Querían vivir por València pero "al otro lado del cauce era más barato" y encontraron un adosado en Alfafar, actualmente en pleno proceso de reconstrucción tras la barrancada.
¿Cómo se originó la asociación? "Tras la riada hubo varias viviendas del barrio de Alfalars (Alfafar) que se quedaron sin puerta de entrada, no podían cerrar sus casas. Por la noche había mucha inseguridad, estábamos a oscuras, sufríamos robos. Estábamos todo el día limpiando y por la noche ni siquiera podíamos descansar".
"El quinto o sexto día vino una empresa que dijo que instalaba puertas acorazadas y se apuntaron decenas de vecinos, pero la empresa no resultó ser demasiado profesional y nos avisamos entre todos. La asociación primero surgió como red profesional, de trabajadores, para ayudarnos y dar prioridad a empresas de la zona", detalla.
En los días posteriores el canal se abrió para distribuir toda la ayuda que empezó a llegar. "Gente con carros y bolsas que venía andando desde València, los primeros coches que podían llegar... Varias viviendas se transformaron en pequeños supermercados".
Y el tercer propósito, la querella criminal, no tardó en cristalizar. "Cada vez que íbamos a casa de un vecino a por algo el comentario generalizado era el mismo: esto no puede quedar así. Alguien tiene que ser responsable de la angustia que hemos pasado".
Fue entonces cuando la Asociación de Damnificados de la Dana de l'Horta Sud acordó en asamblea constituirse de forma oficial y empezar a recaudar una cuota de 20 euros anuales para formalizar una querella, que les lleva un bufete de Madrid. La cifra de denunciantes supera ya los 125, de un total de 440 asociados.
La Asociación de Damnificados por la Dana de l'Horta Sud se ha querellado contra cinco dirigentes y exdirigentes del Consell de Carlos Mazón y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, por homicidio imprudente, lesiones, daños, prevaricación y omisión del deber de socorro.
En marzo, la entidad SOS Desaparecidos tiene previsto presentar otra querella similar pero en la Audiencia Nacional y previsiblemente incluirá a familiares de las víctimas de Letur.
Preguntado por esta acción judicial paralela, Lesaec explica que no le supone ningún temor ni inquietud. "Uno de los motivos por los que elegimos este despacho (Vilches) es precisamente porque pensamos que el recorrido judicial de nuestra reclamación puede acabar en Madrid. Incluso es posible que haya que llegar a Europa, y lo haremos".
Los primeros pasos de la investigación judicial, que dirige la titular de Instrucción 3 de Catarroja, satisfacen a este colectivo de damnificados. "Es valiente", subraya Lesaec a EFE pese al disgusto que admite que le produjo su intención de limitar su investigación al ámbito de los fallecidos y heridos.
"El escenario judicial ideal sería que esto no acabase ni en Madrid ni en Estrasburgo, sino en València. Que se aclare qué decisiones se tomaron y se dejaron de tomar y por qué -señala-. Que esas personas sean apartadas de la función pública y paguen como corresponda, porque hubo víctimas mortales. En la parte del contencioso, que se abonen las indemnizaciones que corresponda".
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