El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por dos denuncias interpuestas por Manos Limpias contra responsables de la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Valenciana de Emergencias por su gestión de la DANA

En un auto notificado este jueves a las partes, el titular del juzgado razona que no aparece “suficientemente justificada” en las denuncias “la comisión de delito alguno” por parte de los denunciados y añade que los denunciantes plantean una causa general o investigación prospectiva, algo que está proscrito en la legislación penal de un Estado constitucional.

Según consta en el auto, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado no aprecia “una atribución de hechos penalmente relevantes a cada uno de los denunciados que permita su imputación judicial, siquiera provisional”, por lo que su planteamiento, “por completo genérico, aboca a una auténtica investigación o causa general”.

“No es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona, un entero ámbito profesional o empresarial o un fenómeno social, por atroces o lamentables que puedan parecer”, abunda en su resolución el instructor. Según recoge el auto, la denominada 'inquisitio generalis' o causa general “no tiene legitimidad constitucional", tal y como ha declarado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional.

El instructor cita esa doctrina, según la cual la “inquisición general” resulta “incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española”. El magistrado desgrana en la resolución cuáles son las funciones legales atribuidas a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la CHJ y la Secretaría Autonómica de Emergencias de la Generalitat, así como las estructuras y organización de estas instituciones.

Respecto de la presidenta de la Aemet, concluye que la denuncia analizada no expone ni un solo hecho atribuido a esa responsable que sea “penalmente reprochable”, mi tampoco cuáles de sus funciones habría omitido la denunciada que, “con relación de causalidad, hubiera provocado la muerte o lesión de persona alguna o daños en los bienes de los ciudadanos afectados”.

La misma conclusión alcanza el titular del Juzgado respecto al presidente de la CHJ, sobre el que indica que no se “alcanza a entender” por qué se denuncia, más allá del hecho de ser el presidente de ese ente hídrico.

Por último, respecto al entonces secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, el auto establece que la denuncia no aporta los motivos “por los que el denunciado es quien es y no cualquier otro” y tampoco expone “un solo hecho atribuible” al mismo, “por lo que aún menos cabe considerar que haya cometido hechos penalmente relevantes”.

“Se ignora el motivo por el que el hecho de que no se enviara un aviso a la población hasta las 20:10 horas desde el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) pueda servir de base para imputarle”, afirma el instructor.

Además de acordar el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por esas dos denuncias, el titular de ese juzgado ha decidido no tener como acusación popular a Manos Limpias en el procedimiento hasta que interponga la preceptiva querella o satisfaga la fianza que en su momento se le pueda imponer. El auto no es firme y puede ser recurrido en reforma y/o en apelación.

El PPCV ha asegurado por su parte, tras conocer el archivo provisional de dos denuncias de Manos Limpias contra Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Emergencias de la Generalitat por su gestión de la dana del 29 de octubre, que el auto evidencia que las actuaciones de la Generalitat fueron ajustadas a derecho.

En un comunicado, la portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts, Laura Chulià, ha expresado el respeto del PPCV hacia la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de València de archivar provisionalmente las denuncias presentadas, entre otros, contra los responsables valencianos de Emergencias por su gestión durante la riada.

"Esta resolución evidencia que las actuaciones realizadas por los responsables públicos de la Comunitat Valenciana estuvieron ajustadas a derecho y se llevaron a cabo en el marco de sus competencias y con la información de la que disponían en cada momento”, ha afirmado Chulià.

La diputada ha subrayado que el auto del juez, junto al escrito previo de la Fiscalía que descartaba indicios de responsabilidad penal para los aforados en la Comunitat Valenciana, confirma que las decisiones adoptadas estuvieron fundamentadas en criterios de transparencia y rigor.

En este sentido, ha destacado el hecho de que “la justicia ha determinado que no existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento”.

En su resolución, el juez también señala que las denuncias no aportan hechos concretos atribuibles a la Secretaría Autonómica de Emergencias, ni motivos que justifiquen una imputación judicial. De esta manera, el auto confirma que no se puede sustentar una acusación penal basada en generalidades porque esa conducta no tiene encaje constitucional.

Por último, Chulià ha reafirmado el compromiso del Consell de Carlos Mazón con las personas afectadas por la tragedia, y ha asegurado que “la prioridad sigue siendo trabajar para garantizar que las ayudas lleguen lo antes posible y contribuir a la recuperación de las localidades y familias afectadas”.

“Seguiremos colaborando con todos los actores implicados para avanzar en la reconstrucción y el bienestar de los ciudadanos”, ha concluido la portavoz

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