Una mujer, condenada a pagar tras caerse y lesionarse en Elche: un juzgado niega la responsabilidad del Ayuntamiento

El pasado mes de junio de 2022, una mujer que iba paseando por el barrio de Puertas Coloradas de Elche, en Alicante, sufrió una caída tras tropezarse con la acera de la localidad alicantina. Caída por la que tuvo que trasladarse hasta un centro médico donde le diagnosticaron un esguince de ligamento en tobillo derecho y por la que decidió denunciar al Ayuntamiento de Elche.

Dicha denuncia se presentó ya que, a juicio de la demandante, la caída que le produjo esta lesión en su ligamento fue ocasionada por el mal estado de la acera que estaba "partida y levantada", según ha recogido el medio de comunicación 'El Periódico'.

Condenada a pagar tras caerse y lesionarse en Elche

En un primer momento, la mujer lesionada se dirigió hasta el Ayuntamiento de Elche para exigir una compensación por este esguince de ligamento. Sin embargo, en el consistorio no le hicieron caso.

Fue entonces cuando la mujer optó por pasar por los tribunales y denunciar la situación. Tras pasar por dos tribunales distintos, la denunciante ha sido condenada a pagar las costas del juicio al haber "serias dudas de hecho o de derecho" sobre esta lesión, según apunta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

No obstante, en las dos sentencias anteriores se reconoce que está probada la lesión de la denunciante, pero "no se puede establecer una relación causal entre el esguince y la falta de mantenimiento de la vía".

Desde el fallo tramitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se destaca que "el principio de responsabilidad patrimonial no implica que las administraciones públicas se conviertan en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, derivada de la actividad de estos, por el hecho de que aquellas ejerzan competencias en la ordenación de un determinado sector o sea necesario su autorización, ya que si así fuese el principio se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento".

Por eso, la mujer que tropezó en 2022 deberá hacerse cargo de las costas de honorarios, hasta un máximo de 800 euros, que han conllevado estos procesos judiciales.

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