La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos prepara una demanda en la vía penal contra la administración local, autonómica y central por la gestión de la emergencia de las riadas de Valencia.

Joaquín Amills, presidente de esta entidad, ha explicado a EFE que un equipo de letrados y especialistas en emergencias está trabajando en la redacción de esta demanda, en la que se refleja la reclamación de los familiares de una treintena de víctimas. La acusación se presentará a mediados de enero en la Audiencia Nacional.

"Tenemos el convencimiento de que podemos ir por la vía penal y posteriormente por la administrativa, contra las administraciones locales, el gobierno autonómico y el central", insiste Amills. "Nos quieren convencer de que lo que ha matado a la gente es la DANA. Yo no voy a discutir el cambio climático, pero la DANA no ha matado a nadie, sino la riada. La DANA es un fenómeno atmosférico al que ya estamos acostumbrados en el Mediterráneo y que se previó al menos con 48 horas de antelación", explica.

"En 1957 hubo una riada en Valencia y hubo unos 80 fallecidos. Ahora ha muerto gente donde no cayó una sola gota. ¿Cómo se entiende que la gente haya muerto ahogada en garajes sin que nadie les haya dicho que no bajen, o que estuviese la gente en las carreteras...? Había muertos ya a las 18 horas y hasta las 20:15 no llegó el primer aviso de Emergencias", lamenta.

Por este motivo, Amills está convencido de la viabilidad de la demanda en la vía penal por delitos de imprudencia o negligencia u omisión del deber de socorro, "porque en Emergencias está todo legislado, todo forma parte de protocolos que no dependen de un cargo político que tenga que pensar o decidir".

"Es como si va una persona con un infarto a un centro de salud. El médico de urgencias no va a improvisar, sabe lo que tiene que hacer, los pasos que ha de dar", compara el presidente de SOS Desaparecidos, que lamenta que aquel 29 de octubre numerosos efectivos de los servicios de Emergencias no fueron movilizados y actuaron por iniciativa propia.

"Es evidente que nadie quiere matar a 222 personas, pero el error hay que asumirlo, hay que ser valiente, no se puede faltar al respeto a las víctimas", añade.

La demanda que redacta esta asociación no se centrará únicamente en las decisiones o en las omisiones de los dirigentes en la jornada del 29 de octubre y posteriores, sino que retrocederá "el máximo previsto por la ley, diez años, para ver qué se hizo o qué no se ha hecho".

El equipo que trabaja en esta demanda (cuyos nombres no ha develado Amills) está formado por siete personas. Entre ellos hay tres abogados, tres técnicos de emergencias y un catedrático. La intención es incluir también en la reclamación a los familiares de las víctimas de Letur (Albacete), aunque todavía no se ha entrado en contacto con ellos.

La demanda y el posterior proceso judicial será gratuito para los afectados, subraya el presidente de esta asociación. "Esto no es un negocio para nosotros", concluye.

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