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La Policía Nacional ha desmantelado tres pisos patera independientes, ubicados en la zona norte de Alicante. Eran utilizados para alojar a migrantes irregulares en nuestro país. Así lo ha comunicado la Policía Nacional.
Recordamos que ya en la provincia alicantina cayó una banda que regularizaba a ciudadanos extranjeros. El operativo reciente ha permitido descubrir dónde y cómo dormían los llegados desde Argelia y Marruecos.
Tras alcanzar las costas españolas en embarcaciones que atracaron en lugares no habilitados para ello, acudían a descansar a las viviendas descubiertas, que presentaban "malas condiciones" de habitabilidad.
A cambio de pagar entre 10 y 20 euros por noche, los arrestados les permitían dormir en ellas, pero sin acceso a habitaciones privadas ni a baños exclusivos. Sólo les dejaban una cama.
En algunos casos, el alquiler mensual que les cobraban por lo mismo se situaba entre los 300 y 600 euros. Cuando se desarrolló la entrada policial a los tres inmuebles, había 17 personas en ellos.
Las casas necesitaban reforma, carecían de aislamiento térmico y tenían también tres habitaciones, un salón, un baño y una cocina. Aunque todo estaba ocupado con numerosas camas o colchones.
Los agentes llegaron a encontrarse a un migrante durmiendo en el suelo de un balcón, tapado con mantas. La investigación logró averiguar que esta actividad era la única fuente de ingresos de varios detenidos.
Son cinco hombres y una mujer, todos de nacionalidad argelina, con edades comprendidas entre 22 y 57 años. Sólo una de estas personas estaba en situación regular en nuestro país.
Otros dos tenían antecedentes por otros hechos. A todos se les investiga como presuntos autores de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.
Desde la Policía Nacional recuerdan que el artículo 318 bis.2 del Código Penal castiga a quienes ayudan a que personas extranjeras puedan quedarse en territorio español de forma ilegal.
Siempre y cuando lo hagan con fines lucrativos, como era este caso. Ya que incluye, por ejemplo, "los alquileres en malas condiciones o cobros por lugares inseguros para vivir".
La ley busca proteger a las personas migrantes que, por su desprotección, "a veces se ven obligadas a aceptar alojamientos" así. Quienes se aprovechan de ello pueden ser condenadas a "cárcel y multas", pues se consideran hechos "muy graves".
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