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La Generalitat Valenciana ha publicado el decreto del presidente Carlos Mazón por el que se aprueba la convocatoria de 810.000 euros en ayudas directas para las personas que viajaban en el tren de media distancia que efectuaba el trayecto Valencia-Zaragoza el 16 de agosto de 2022 y que se vieron afectadas por el incendio de Bejís.
El decreto establece las bases reguladoras de estas ayudas dirigidas a compensar económicamente a las personas que sufrieron quemaduras o lesiones, así como a aquellas que han tenido que recibir tratamiento psicológico con posterioridad y, en su caso, a las personas titulares de sus legítimos derechos hereditarios.
Las ayudas serán de hasta 18.000 euros por persona, pudiendo recibir 12.000 euros en caso de que hayan sufrido quemaduras u otras lesiones y hayan tenido que ser hospitalizadas y 6.000 euros en el caso de que no hayan precisado hospitalización.
Además, podrán recibir otros 6.000 euros quienes hayan recibido tratamiento psicológico como consecuencia del incidente ferroviario dentro de los dos años posteriores a la fecha en que se produjo.
Las personas beneficiarias tendrán el plazo de un mes para solicitar estas ayudas a partir del día siguiente a la publicación del decreto que las regula, y deberán acreditar la condición de pasajero del tren con el billete del viaje o, en su defecto, con los partes médicos o denuncias en los que se haga contar dicha condición. Además, para acreditar los daños sufridos y, en su caso, la hospitalización, se deberán presentar los correspondientes partes médicos.
En caso de haber recibido tratamiento psicológico dentro de los dos años posteriores a la fecha del incidente ferroviario, se acreditará tal circunstancia mediante una declaración responsable firmada por el profesional que haya prestado tal asistencia.
El decreto justifica la singularidad de las ayudas y “la especial sensibilidad de la Presidencia de la Generalitat con este suceso al haber ocurrido dentro del territorio de la Comunitat Valenciana y haber provocado dolorosas situaciones personales y familiares en las personas afectadas”. Por ello, considera necesario atender los consecuentes perjuicios “por razones sociales y humanitarias” de un incidente ocurrido hace más de dos años y que todavía seguía sin resolverse.
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