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El desahucio previsto para este jueves de una madre y su hija con discapacidad ha sido aplazado hasta el 31 de diciembre. La afectada y su hija, que cuenta con un 75% de discapacidad, una movilidad reducida del 78% y un tercer grado de dependencia severa, se encontraban en una situación crítica al no disponer de una alternativa habitacional.
A las 10.30 horas, vecinos y miembros del Sindicat de Barri Carolines se concentraron en la puerta del domicilio, ubicado en la calle Guardamar número 5 del barrio Carolinas Altas, donde recibieron con alegría la noticia del aplazamiento. La madre, visiblemente emocionada, expresó su alivio al conocer la notificación, comentando que ambas habían pasado la noche en vela debido a la incertidumbre sobre su situación.
La afectada denunció que el contrato de alquiler de su vivienda resultó ser una estafa, supuestamente gestionada por un fondo buitre que intentó desahuciarlas. Desde el Sindicat de Barri Carolines lamentaron la gravedad del caso, calificándolo de "especialmente sangrante" debido a que madre e hija se enfrentan a un desalojo basado en un procedimiento anterior a su mudanza a dicho inmueble.
A pesar del aplazamiento, la incertidumbre persiste para la mujer y su hija, quien se pregunta qué sucederá después del 31 de diciembre. En su solicitud de una vivienda social, hizo un llamamiento a la Concejalía, al Ayuntamiento, al presidente de la Generalitat y al Gobierno, enfatizando que no busca un regalo, sino el reconocimiento de sus derechos como ciudadanas españolas y, en particular, los derechos de su hija discapacitada.
El Sindicat de Barri Carolines apoya esta demanda, pidiendo a las autoridades que gestionen adecuadamente la situación y proporcionen la vivienda social solicitada, la cual afirman que está disponible en el Evha (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl).
En un hecho relacionado, menos de 24 horas antes, la ciudad de Alicante vivió otro desahucio. Un matrimonio y su hijo con discapacidad intelectual fueron desalojados de su domicilio en el barrio Virgen del Carmen.
Estos casos subrayan la urgente necesidad de soluciones habitacionales adecuadas para las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con discapacidades, y plantean serias preguntas sobre la gestión de los desahucios y la protección de los derechos básicos de los ciudadanos más vulnerables.
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