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"Ser una persona migrante en situación irregular no sólo supone estar expuesta a sufrir más delitos sino también a ser expulsada o multada cuando acude a una comisaría a denunciarlos o realizar un trámite administrativo", afirman desde la ONG València Acull, en un comunicado.
Desde la asociación recuerdan que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, viene denunciando esta situación de indefensión jurídica desde hace dos décadas y en su memoria de 2023 indica que las quejas en este ámbito “destacan, un año más”, vinculando esta situación a la infradenuncia, “uno de los principales problemas de la lucha contra la discriminación. Lo que no se denuncia no consta en las estadísticas y, por tanto, no existe. Cualquier obstáculo para la interposición de una denuncia desincentiva a las presuntas víctimas e invisibiliza problemas reales”.
Actualmente, el Defensor del Pueblo está investigando cuatro casos que se produjeron en comisarías de València, Castellón, Sagunto y Xirivella.
Tres de las víctimas acudieron al Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de València Acull tras recibir una citación de la policía para sancionarlas al identificar que se encontraban en estancia irregular cuando fueron a poner una denuncia por extravío o robo de su pasaporte.
Una de ellas había acudido previamente al juzgado de guardia, pero se negaron a admitir la denuncia y la derivaron a la comisaría.
A la cuarta víctima ya le habían notificado la orden de expulsión a raíz del expediente sancionador que le abrieron al ir a la comisaría de Castellón a preguntar por la denuncia por estafa que había formulado.
En los cuatro casos se presentaron quejas ante el Síndic, que ha decidido abrir las investigaciones. Por el contrario, desde València Acull señalan que "ni el juez decano de València ni el Consejo General del Poder Judicial han adoptado medidas para que el juzgado de guardia admita todas las denuncias de presuntos delitos, como lo es la sustracción de pasaportes".
En la notificación remitida a València Acull de admisión a trámite de las quejas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recoge y asume -igual que hace en el informe anual- las consideraciones de la Fiscalía General del Estado expuestas en su memoria de 2023 sobre este asunto. La Fiscalía pone de relieve la “especial situación de debilidad” que pueden sufrir las personas extranjeras ante los delitos “por ser en ocasiones un objetivo fácil y por las posibles dificultades de su denuncia posterior”. Y remarca las múltiples barreras a las que se enfrentan quienes están en situación irregular “para hacer valer sus derechos en los tribunales, constituyendo la mayor de ellas, el miedo a ser expulsados a sus países de origen, lo que les impide denunciar las condiciones abusivas que padecen”. La Fiscalía recuerda que está obligada a garantizar los derechos humanos de todas las personas “que se hayan en nuestra jurisdicción, lo que incluye a los inmigrantes irregulares” y su acceso a la justicia.
Además, Gabilondo destaca las consideraciones de la Fiscalía de Almería, que incide en el papel fundamental que “juegan las asociaciones y ONGs en la orientación y asesoramiento de este colectivo. Estas instituciones son mayoritariamente las destinatarias iniciales de los problemas y necesidades del extranjero y desde las mismas se les orienta en cómo deben actuar ante un episodio racista o xenófobo”. Por todo ello, el Defensor anuncia que “se han iniciado actuaciones ante la Fiscalía General del Estado”.
El Defensor del Pueblo formuló la primera recomendación sobre este asunto en 2004, cuando pidió al Ministerio del Interior que no se incoaran expedientes sancionadores “a los extranjeros en situación irregular que acudían a las comisarías de policía a denunciar delitos”. En 2019, a raíz del caso de una mujer hondureña que acudió a denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Xirivella (València) y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar, volvió a presentar una recomendación al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: “Dictar las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional”
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