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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha ratificado en sus informes aportados en la pieza A de Imelsa y ha confirmado que hubo financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
Así se ha manifestado el agente de las diligencias y su equipo en su declaración testifical en el juicio que ha arrancado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra el fuera vicealcalde de la ciudad de Valencia Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para García Fuster por cohecho.
Inicialmente en esta pieza había 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos y solo han quedado cuatro acusados.
En su intervención, el instructor de las diligencias hasta 2017 ha explicado que su informe inicial se remonta a 2015 y ha dicho que se pidieron nuevas diligencias tras una conversación en la que la exconcejala María José Alcón le contaba a su hijo y a su hermana una "operativa" de transferencias bancarias a la cuenta del grupo municipal del PP de Valencia que luego eran reintegradas en dinero en efectivo. Se trataba de la parte del 'pitufeo' que ha sido archivada.
A raíz de esa conversación y de un escrito anónimo que recibió la Guardia Civil en el que se describía la misma operativa, se analizaron las cuentas del PP de Valencia. El agente ha descrito que hallaron dos: una de ellas que contenía ingresos que venían del Ayuntamiento y, otra, para las cuotas de afiliados e ingresos en efectivo. Fue en esta última cuenta en la que se descubrieron 50 ingresos en efectivos por valor de 1.000 euros cada uno: el supuesto 'pitufeo'.
Al analizar las cuentas se percataron, tal y como ha descrito el agente y su compañero, que había terceras empresas que hacían ingresos a las mercantiles que había contratado el PP para hacer las campañas electorales de 2007 y 2011. En concreto, respecto a la primera campaña, que se firmó con Laterne por 150.000 euros, el instructor ha indicado que el coste real podría haber superado los dos millones de euros, "aunque es difícil de cuantificar", ha afirmado.
Otro agente de la Guardia Civil que siguió la causa desde 2017 ha informado sobre este aspecto que tanto para la campaña de 2007 como para la de 2011 el PP contrató a una empresa por unos importes muy inferiores a los gastos en los que verdaderamente se incurrieron. En 2011 fue con Trasgos.
En resumen, en la campaña de 2007 el contrato era por 150.000 euros y los gastos superaron los dos millones; mientras que para la de 2011 se firmaron 170.000 euros pero los gastos fueron al menos 110.000 euros más de lo que se había ingresado. "Se deduce que debía de existir otra fuente de ingresos", ha señalado.
Así, ha añadido: "Tanto para 2007 como para 2011 hay empresas y fundaciones que hacen aportaciones a las empresas organizadoras de las campañas electorales del PP. Empresas que tenían intereses económicos con el Ayuntamiento", ha señalado. También ha dicho que consta que García Fuster abonó y contrató trabajos directamente a una empresa para las campañas electorales.
Otro agente que ha declarado este martes ha indicado que en la vivienda de García Fuster había sobres con dinero, tal y como le trasladó algún compañero. No obstante, ha aclarado que él no participó en ese registro.
Las defensas de los acusados han aprovechado esta primera sesión del juicio para alegar prescripción de delitos en la presunta caja B del PP de Valencia para evitar ser juzgados.
En su turno de palabra, la defensa de García Fuster ha sido la primera en solicitar la prescripción del delito de cohecho que se imputa a su representada. "Si el delito se comete en 2011 por importe de 28.500 euros y contra ella se dirige la acusación de cohecho por primera vez en diciembre de 2022, hay prescripción. El delito prescribe a los cinco años y es una simple operación aritmética", ha aseverado. El fiscal discrepa de esta interpretación y señala que el último ingreso es en 2014 y que en 2016 se le cita a declarar. No ve prescripción.
El abogado de Grau también ha aludido a la prescripción sobre los delitos de las campañas electorales de 2007 y 2011. Esta parte ve ausencia de delito continuado de malversación porque no hay una pluralidad de hechos ni dolo ni un 'modus operandi' homogéneo. Así, resume: "En 2007 habría prescrito el delito; en 2011 mi representado fue no participante; y en 2015 es inexistente".
Frente a su argumento, el fiscal se ha quejado de que la defensa "no está diciendo la realidad de lo acontecido en la causa" y ha recordado que a Grau se le citó a declarar dos veces, una en septiembre de 2016 y otra en el año 2017. "Nosotros hablamos de un delito de malversación continuado y su prescripción es de 15 años", ha apostillado.
El abogado de Santón también ha alegado prescripción del delito y ha negado, en cualquier caso, que fuera algo continuado por falta de unidad y de continuidad en el tiempo. Por su parte, la defensa de Salinas también se ha referido a la prescripción del delito.
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