C. B., un hombre de origen colombiano, acudió el pasado mes de enero a presentar una denuncia por estafa en una comisaría de la provincia de Castellón. Ante los agentes se identificó con su pasaporte, pero el policía que tramitó la denuncia registró el NIE que le asignaron al solicitar asilo cuando huyó de Colombia.

Poco tiempo después, el hombre se trasladó a vivir a València y el pasado mes de julio decidió volver a la comisaría de Castellón a comunicar el cambio de domicilio y preguntar si había novedades con respecto a la denuncia.

Fue en ese momento cuando la agente que lo atendió, al comprobar que le habían denegado el asilo en España, se llevó su pasaporte a otro despacho. Una hora después regresó con otro agente y comenzaron a incoarle un procedimiento “preferente de expulsión” del país.

Sorprendido y atemorizado, el hombre no entendía por qué no había tenido ningún problema con el policía al que presentó la denuncia en enero y ahora querían expulsarlo sin haber cambiado su situación personal. A sus preguntas, la policía que le atendió le dijo: “Mi compañero no quiso hacer su trabajo, pero yo sí”.

Desde la Ong Valencia Acull denuncian que este ciudadano colombiano "ha acabado con una orden de expulsión por buscar el amparo de la policía frente a la estafa que sufrió", y lamentan que "las víctimas de delitos en situación irregular siguen sin poder acceder a la justicia sin miedo a ser deportadas a pesar de la normativa nacional y europea que rechaza esta práctica".

Valencia Acull con con este caso ya son cinco los ciudadanos estranjeros en lo que va de año que acuden a una comisaría a poner una denuncia y acaban con un procedimiento de sanción abierto "haciendo caso omiso al Defensor del Pueblo", explican.

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