Desesperación es lo que sienten 71 familias castellonenses ante la posibilidad de ser desahuciadas de sus hogares. Unas viviendas situadas en Peníscola, (Castellón) que han ido pasando por la mano de varias empresas y, tras una denuncia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), podrían verse en la calle en los próximos meses.
Los vecinos de la calle Maestro Roca viven con angustia desde que hace unos días recibiesen una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaroz, indicándoles que se les “considera Okupas”, según explica Marc Blanco, vecino afectado. Son conscientes de que la próxima notificación será para informarles de que deben dejar las viviendas. Solamente cinco familias han conseguido convencer a la jueza que lleva el caso y evitar pasar este mal trago.
“En todo momento nos hacían creer que éramos inquilinos de todo derecho”, nos relata Marc. Durante todos estos años reconoce que han pagado los alquileres a diferentes empresas con una persona que realizaba la función de representante. “Al principio poníamos la dirección y el nombre en el concepto del pago hasta que un día nos pidieron que pusiéramos un número asignado”, afirma.
Y, como él, más de 200 vecinos que pensaban que residían en un bloque con toda la documentación en regla. Reclaman poder presentar dicha documentación porque no han contado con el tiempo necesario para poder hacerlo. Cuentan con los contratos de alquiler, certificados de empadronamiento y facturas.
Una situación de incertidumbre para decenas de familias con niños y ancianos, sin posibilidad de marcharse porque no pueden permitirse un alquiler en otro punto del municipio. Marc Blanco, a través de sus redes sociales, también hace una llamada “a un abogado especializado” que les defienda y que luche para evitar que la orden de desahucio se ejecute.
Este lunes los vecinos del bloque se manifestaron a las puertas del Palau de Justicia de Vinaroz para ser escuchados y que la jueza que lleva el caso les permita demostrar que son inquilinos de pleno derecho.
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