En el panteón familiar de Aspe (Alicante) donde está enterrada Daniela, no consta su nombre legal, el que aparece en el Registro Civil, y la fotografía colocada en la lápida corresponde a un momento de su vida en el que todavía no había realizado su transición a mujer. Así lo decidieron los padres de la joven, que después de años de sufrimientos acabó quitándose la vida en abril de 2022.

Ahora la Asociación Euforia Familias Trans Aliadas, tras conocer su historia gracias a unas amigas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Alicante contra los padres de Daniela y el Ayuntamiento de Aspe por atentar contra su dignidad y su derecho al honor. "A ella no le gustaría ver que en su lápida aparece un nombre y una imagen con la que no se identifica y que rechazaba", afirma Natalia Aventín, presidenta de la asociación.

Una denuncia que llega después de haber intentado sin éxito otros trámites administrativos. "Contactamos con el Ayuntamiento de Aspe, pero nos dijeron que no eran competentes en la materia, a pesar de que la ley dice que son los consistorios los que tienen que velar porque los entierros sean respetuosos con los fallecidos". señala Aventín.

Antes habían denunciado los hechos ante la Dirección General de Igualdad de la Comunitat Valenciana en junio de 2023, que se desentendió de la petición y remitió a la asociación a dirigirse al consistorio. "No hay precedentes sobre un tema como el de Daniela y esto lo complica mucho más", afirma la presidenta de Euforia.

Daniela nació en Chile en septiembre del año 2000. Con tan solo dos años fue adoptada por una familia española de ideología ultracatólica y fue a vivir a Cantabria. Cuando todavía no había alcanzado la adolescencia, comenzó a no sentirse identificada con su género y a partir de ahí ese momento surgieron los problemas con sus padres, que incluso la obligaron a asistir a las conocidas como terapias de conversión. "Querían que dejara de ser quién era y la sometieron durante meses a estas terapias que no tienen ninguna evidencia científica", señala Aventín.

Cuando alcanzó la mayoría de edad, la joven, sin dinero ni recursos, fue tutelada por la administración cántabra, después de que sus padres perdieran la tutela.

Para huir de su entorno, Daniela se marchó a Madrid en busca de una nueva vida. Fue entonces, en marzo de 2021, cuando cambió su nombre en el Registro Civil. Sin embargo, en una ciudad nueva, con el único apoyo de unas amigas, Daniela no consiguió salir adelante. "Tenía numerosos problemas económicos y psicológicos e intentó recurrir a su familia y acabó suicidándose", señala Aventín. 

En el escrito de denuncia al que ha accedido El Salto, se recoge que en este caso se estarían infringiendo tres leyes.

En primer lugar, se infringiría la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de LGTBI, es decir, la ley LGTBI autonómica, que establece como infracción grave “la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de identidad o expresión de género” así como “realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar”.

En segundo lugar se infringiría la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo, que reconoce el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de orientación, identidad sexual o expresión de género, entre otras causas.

Por último, se infringiría la Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales, que señala que “los Ayuntamientos están obligados a que los enterramientos que se efectúen en sus cementerios se realicen sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras”.