Ha sido condenada a prisión una red de inmigración clandestina vinculada a Castellón a la que se le suman 22 años y medio de prisión por introducir a menores de edad, procedentes de Marruecos, en España. Han sido 12 personas las sentenciadas, algunos únicamente cumplirán con multas por su menor implicación en el asunto. Por otro lado, los líderes de la red y, por tanto, con una mayor implicación, cumplirán 7 años de cárcel.

Se les ha acusado de delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cometidos por una organización criminal y con riesgo para la vida e integridad de las personas, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Asturias.

Según recoge el documento judicial, los adolescentes llegaban en el 2017 y el 2018 a la península por vía marítima o terrestre. Los menores viajaban de incógnito en las partes bajas de los camiones o pasando el Estrecho de Gibraltar en embarcaciones como pateras o barcos pesqueros, a menudo sobrecargados.

En algunos casos, se utilizaban motos de agua donde viajaban dos adolescentes y un piloto, obligando a los polizones a nadar hacia la costa llegados a un punto.

Los menores, en su afán por llegar a la costa Mediterránea, llegaban a pagar entre 2.500 euros (por vía marítima) y 8.000 euros (acceso por vía terrestre). El aumento del precio les garantizaba seguridad, ya que la opción marítima era 'extremadamente' peligrosa.

Los condenados captaban a los menores en Marruecos, organizaban el cruce por el Estrecho y, una vez en España, eran trasladados al lugar asignado por la organización. Una vez ingresaban en un centro de menores, se les hacía un seguimiento y control para que pudieran quedarse en la instalación hasta su mayoría de edad y, a partir de ese momento, regularizar su situación.

Los adolescentes eran documentados como menores no acompañados (menas) por la Administración y derivados a centros de extranjeros. Sin embargo, si a su llegada a España eran interceptados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y trasladados a centros de Andalucía, los menores se fugaban con la ayuda de miembros de la red y eran conducidos a la mitad norte del país.

Varios de los miembros de la organización criminal residían en la provincia de Castellón, lugar donde también ocultaron a algunos de los inmigrantes clandestinos.

El pasado abril la Policía Nacional firmó una de las mayores operaciones de los últimos tiempos contra la inmigración clandestina. Los agentes desarticularon una red y detuvieron a 145 personas de diversas nacionalidades por presuntos delitos de grupo u organización criminal, favorecimiento a la inmigración clandestina, fraude a la Seguridad Social y falsedad documental.

La trama no solo realizaba uniones ficticias, sino que también facilitaba contratos de trabajo fraudulentos para recibir prestaciones.