Mireia tiene 27 años y desde pequeña del barrio de San Marcelino, en Valencia. Desde hace seis meses reside en una vivienda de este distrito que la capital del Turia, que tal y como ella asegura le alquiló un conocido por 500 euros con gastos incluidos. Tras unas semanas en el inmueble, un vecino del edificio le dijo que estaba de okupa, y poco después recibió una denuncia por un delito de usurpación de la vivienda, por la que ahora ha sido condenada a pagar una multa y abandonar voluntariamente el inmueble, de lo contrario será desahuciada.
La joven madre de dos hijos, una niña de un año y un pequeño de cinco, está embarazada de siete meses, y segura que desconocía por completo esta circunstancia, ya que, según cuenta ella abonó a quien le alquiló la vivienda 500 euros de fianza, más el mes corriente, y aunque no llegaron a firmar el contrato, asegura que sí que se lo entregaron. El inmueble pertenece a un fondo buitre, que más tarde se personó en el proceso penal contra ella por un delito de usurpación de la vivienda.
"Yo no sabía que era okupa" asegura Mireia, quien se enteró de esta circunstancia cuando uno de sus vecinos la alertó. El mismo vecino denunció este hecho ante las autoridades, y poco después se personó en el inmueble la Policía, dando comienzo al procesó judicial por el que ahora ha sido condenada, y el que figura como acusación particular la empresa `propietaria de la vivienda.
Mireia se presenta como víctima de violencia de género, y asegura no cobrar ningún tipo de ayuda, ni prestación por parte de la administración. "Estoy destrozada", señala, mientras expone que su intención es pagar el alquiler y quedarse en el piso, que según narra ha reformado y amueblado para poder habitarlo, pero tras haber intentado contactar con el fondo de inversión al que pertenece al que pertenece la vivienda, no ha recibido ninguna respuesta.
Su abogado, Jorge García-Gasco, afirma que han recurrido ante la Audiencia Provincial la sentencia que la condena por un delito de usurpación, con el objetivo de que el tribunal la absuelva de este delito, ya que su clienta se "siente engañada" y asegura que ha pagado todas las mensualidades.
"En el caso de que fuera absuelta del proceso penal, el fondo de inversión debería presentar una demanda desahucio contra ella por precario", señala el letrado, pero en cualquier caso Mireia tendrá que buscar una alternativa habitacional, ya que todo apunta a que la persona que le alquiló esta vivienda no estaba legitimada para ello.
Por el momento, el desahucio es inminente, a la espera de abonar la multa impuesta y de que señalen la fecha para su lanzamiento de la vivienda. "Yo no me puedo ver en la calle con dos hijos pequeños y embarazada", clama desesperada, "pueden aparecer en cualquier momento".