"Llegar a casa de mi madre y ver que dejan esto en el buzón hizo que ayer me viniera abajo", escribió Ithaisa Suárez, madre de Yéremi Vargas, en una publicación de Facebook junto a una foto de la tarjeta censal del chico. "Me siento tan impotente de ver que llegan sus cosas como si estuviera aquí", expresó en la red social el viernes.
Un día más tarde, ha explicado que no está "enfadada porque el censo electoral mandara la carta. Nosotros entendemos que el niño mientras no esté dado de baja como fallecido va a seguir apareciendo en cosas así".
No obstante, siente "pena e impotencia" por "lo injusto que me parece que Yeri no esté aquí. Que el 28 de abril tenía que estar aquí para votar y que tenía que estar con nosotros y ser feliz con nosotros y no puede ser porque ese monstruo así lo decidió .Y mucho más me hunde saber que saldrá como si nada muy pronto. Eso es lo que me mata".
Ithaisa Suarez se refiere con este mensaje a Antonio Ojeda, El Rubio, en prisión desde 2015 por abusar sexualmente de otro menor, un crimen por el que se le condenó a cinco años de cárcel. Aunque otro compañero de prisión contó que tras conocer esta sentencia, se hundió y dijo que el caso de Yéremi "se le había ido de las manos" y que tuvo que "desaparecerlo", el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, que se ocupaba de ello desde el día de la desaparición del pequeño, consideró que no existían pruebas ni indicios sólidos que le incriminasen en el caso y archivó las diligencias abiertas contra él, decisión que fue ratificada en marzo de 2018 por la Audiencia de Las Palmas.
"Mucho más me hunde saber que saldrá como si nada muy pronto. Eso es lo que me mata. Que cosas así me recuerdan que injustamente no está aquí. Y que por más encima ni siquiera en un lugar santo. Como si fuera un animal y ni eso. Me siento tan mal e impotente que no sabría explicarlo. Estos últimos meses han sido muy duros. Me gustaría poder contarles todo lo que hemos tenido que pasar pero aún no puedo. Sólo puedo decirles que nos hemos visto en un estrés al límite y que he tenido que mantenerme fuerte aun cuando me caía a pedazos. Ya os contaré bien. Porque merece la pena que se sepa lo que hay que aguantar a veces añadido a todo. Lo contaré cuando llegue la fecha y que llegue lejos. Gracias a todos por vuestro apoyo", ha lamentado Ithaisa.
Hace doce años, la familia denunció la desaparición del menor, que padecía de insuficiencia respiratoria y necesitaba de medicación. Dos días después, el 12 de marzo de 2017, hasta 400 personas participaron en un dispositivo de rastreo de los alrededores del lugar donde desapareció Yéremi.
El 19 de marzo, la Guardia Civil detuvo a un joven de 27 años, vecino de Agüimes, acusado de un supuesto delito de extorsión a la familia, aunque descartaron que estuviera relacionado con la desaparición. Había pedido a la familia 6.000 euros a cambio de la liberación del niño y la investigación concluyó que lo hizo con ánimo de lucro.
Meses después, en junio de 2007, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que en Canarias nunca había habido una operación policial tan amplia como la que hubo para buscar al niño, mientras que en los primeros días de la desaparición se recibieron hasta 600 llamadas sobre el pequeño.
Ya el 11 de septiembre de 2008, pasado año y medio de la desaparición, seis nuevos agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid se unieron para reforzar la investigación. El 28 de enero de 2009, las madres de los desaparecidos Sara Morales, Yéremi Vargas y Amy repartieron en Gran Canaria 4.000 carteles con sus fotos para que los niños no cayeran en el olvido.
Por su parte, el 13 de marzo de 2010, transcurridos tres años sin noticias del menor, la juez del caso rechazó excavar en el jardín de la vivienda familiar ubicada en Agüimes propiedad de Fernando Torres Baena, el principal acusado del denominado 'Caso Kárate' sobre presuntos abusos sexuales en una escuela de artes marciales en la isla.
En junio de ese mismo año, los investigadores descubrieron un cráneo en un parque infantil de Santa Lucía de Tirajana, aunque más tarde descartaron su relación con la desaparición del niño y señalaron que podría ser el de una mujer muerta hacía diez años.
La investigación, que no ha cesado en todos estos años, dio un nuevo giro cuando la Guardia Civil anunció el 3 de marzo de 2012 que tenía nuevos datos sobre un vehículo y ropa del menor, pidiendo la colaboración ciudadana esperando que estos nuevos datos contribuyeran a mantener vivo el caso a partir de algún detalle proporcionado por los vecinos.
En 2012, la Benemérita trabajó sobre varias hipótesis; venganza familiar, tráfico de seres humanos, pederastia o tráfico de órganos. Por ello, investigaron investigado a 195 personas acusadas de pederastia, menores de 65 años y con delitos a niños menores de quince años, a 15 presos acusados por estos mismos delitos y a varias personas de la isla vinculadas a este tipo de delitos.
Cuando se cumplieron seis años sin Yéremi, el 10 de marzo de 2013, su madre, Ithaisa Suárez, se mostró convencida de que el trabajo de la Guardia Civil acabaría dando frutos: "El trabajo que están haciendo dará sus frutos cualquier día, la esperanza la mantenemos siempre intacta, siempre hemos pensado que aparecerá y que aparecerá bien, mientras no se demuestra lo contrario siempre vamos a seguir pensando así".
El 4 de julio de 2014, el ministro del Interior, Fernández Díaz, dijo que había líneas de investigación "bastante buenas" sobre las desapariciones de Sara y Yéremi e insistió en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen "contacto permanente" con las familias. Transcurrido un año, el 17 de septiembre de 2015, se investigó si un cráneo hallado en Gran Canaria pertenecía al niño, aunque luego se descartó que tuviera relación con el caso.
La última detención en relación con el caso se produjo el 1 de junio de 2016, cuando la Guardia Civil localizó a Antonio Ojeda 'El Rubio', condenado a cinco años de prisión por abuso de otro menor. No obstante, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, que se ocupaba de ello desde el día de la desaparición del pequeño, consideró que no existían pruebas ni indicios sólidos que le incriminasen en el caso y archivó las diligencias abiertas contra él, decisión que fue ratificada en marzo de 2018 por la Audiencia de Las Palmas.
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