El anuncio del Gobierno de que estudia cómo se podría volver a clase el próximo curso con la mitad de alumnos presenciales ha levantado preocupación y dudas en la comunidad educativa y en los gobiernos autonómicos que reclaman más detalles sobre cómo se organizará y qué costes adicionales tendrá.

Después de que este lunes, la titular de Educación, Isabel Celaá, anunciara en una entrevista que "si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas", hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que tanto Educación como Universidades planifican la vuelta a las aulas en septiembre siguiendo las normas de las autoridades sanitarias para evitar un repunte de la pandemia.

Según Montero, se está arbitrando un procedimiento y una fórmula para poder adecuar el número de alumnos máximo que podrían estar en un aula (fijado en 15) con la formación presencial. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que ve "absolutamente disparatada" esta medida, principalmente para los tramos de infantil y primaria, al ser etapas en las que es "absolutamente necesaria la interacción con el profesor".

Para esta comunidad se trata de una medida "poco meditada", que según su Consejero de Educación, Enrique Ossorio puede ser "un globo sonda, porque es absolutamente imposible plantearlo así". Andalucía ha pedido al Gobierno que detalles si las autonomías van a contar con fondos del Estado para afrontar todas las "medidas excepcionales" que tendrán que desarrollar como consecuencia del plan de vuelta a clase, que, espera, se aclaren "en la próxima Conferencia Sectorial del 14 de mayo".

Por su parte, la Generalitat valenciana ha anunciado que está a la espera de que haya "certezas" por parte del Gobierno para concretar cómo comenzará el próximo curso y reclama que se mire "bien" la situación de cada autonomía y se dibuje "un escenario bien perfilado", ante una situación que causa "mucha preocupación, muchas dudas y muchas incertidumbres" en parte de la comunidad educativa.

Desde el sector sanitario, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que es correcta la propuesta de limitar el número de niños por clase, pero pide que esa distancia interpersonal se garantice también durante el tiempo en el que los menores están en los patios.

El Consejo Escolar del Estado quiere que la ministra Celaá participe en su próximo encuentro, en torno al 19 de mayo, para debatir a fondo sobre este fin de curso y el inicio del próximo.

El sindicato CSIF ha presentado un Plan de Regreso a las aulas, ha reclamado que este proceso se haga en "plenas garantías y medidas claras" y ha exigido que las medidas que se adopten sean negociadas.

Por su parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad (COCEMFE) ha demandado que se garantice el derecho a una educación inclusiva de los 220.000 menores con discapacidad escolarizados en España y la Federación Española de Familias Numerosas ha expresado su preocupación por la dificultad de conciliar trabajo y familia si solo vuelve la mitad del alumnado.

A la espera de que se aclare la organización del inicio del próximo curso, algunas comunidades han abierto ya los procesos de preinscripción, como es el que caso de Cataluña, donde a partir del 11 de mayo se empezará a hacer de forma telemática, y Castilla La Mancha, que también iniciará el próximo lunes el procedimiento de admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados.