Solo en Madrid hay 3.994 viviendas okupadas, según datos de la Policía Nacional de 2017. El informe Cerdá cifró en 87.500 las viviendas okupadas a nivel nacional un año antes. VPS eleva la cifra nacional a 100.000 viviendas en su informe sobre okupación ilegal de 2017.

Madrid y Barcelona están a la cabeza en el número de lanzamientos. Ambas superan los 30.000 entre 2013 y 2016. Donde más denuncias por usurpación de viviendas hay es en la Ciudad Condal con 2.413, en la capital con 2.140 y Valencia con 1.385.

La okupación llegó a España en la crisis de 2008 para quedarse. Prueba de ello es lo que le ha pasado a una familia de Logroño que tras pasar fuera el fin de semana se han encontrado su hogar okupado y destrozado. Hasta nueve okupas le han desvalijado la vivienda. Las paredes estaban llenas de graffitis, los muebles destrozados, había excrementos de animales, porros y rayas de coca en la mesa, además de bebidas y comida por todos lados, ha contado la dueña, que también ha denunciado que le faltan enseres.

Seis personas han sido detenidas, algunas de ellas son menores de edad. Otras tres permanecen huidas.

El perfil del okupa tras la crisis de 2008 eran familias desahuciadas, plataformas sociales y mafias. El origen de la okupación entonces estuvo en la crisis y en el enorme stock de viviendas vacías, según VPS, que cifra entre 2008 y 2016 en más de 500.000 lanzamientos judiciales.

En 2017, aumenta la presencia de las mafias. Según la Delegeación del Gobierno en Madrid, el 75% de las ocupaciones ilegales de viviendas son cometidas por grupos organizados. Según la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas de Madrid, más de la mitad de los okupas tienen antecedentes. En la Red hay un ‘manual de okupación’, al acceso de cualquiera, donde se detalla minuciosamente cómo entrar en una propiedad privada, sin dejar margen a la improvisación. “Vamos a correr peligro cuanto más claro esté todo, menos errores cometeremos”, reza.

Hasta que entró en vigor la nueva ley de desahucio exprés el pasado julio, según VPS, la okupación de la vivienda suponía para el propietario un gasto de 25.000 euros, que se iban en el proceso legal, la renta que se dejaba de percibir, la reparación de desperfectos y los suministros ilegales. Además, según el informe Cerdá, la okupación implica una depreciación del inmueble del 30-40%.