Esta es la denuncia que ha hecho la ONG Amnistía Internacional en su informe ‘Ya es hora de que me creas’ con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre.
En las conclusiones, AI subraya que los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en España no están garantizados cuando una de cada dos mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de violencia sexual, según la ONG. “Qué mujer no se ha sentido acosada en algún momento, en algún momento cuestionada por razón de su sexualidad o ha tenido algún momento incómodo en el que se ha jugado con su sexualidad”, explica Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional España.
“Las autoridades deben tener en cuenta e interiorizar que la violencia sexual es otra forma de violencia de género que afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas, y que se da en todos los contextos, en todos los sistemas políticos, en todas las culturas y que, al igual que pusieron en la agenda la violencia por parte de las parejas y exparejas, tienen que poner en su agenda esta otra forma de violencia de género”, denuncia Álvarez.
Añade que “muchas veces cuando hablamos de violencia de género no se está pensando en ese tipo de violencia y muchas de las mujeres que han sufrido violencia sexual ni siquiera se ven identificadas como víctimas de violencia de género”. Y subraya que “esto sigue siendo una asignatura pendiente en el Pacto de Estado
"No volvería a denunciar"
Virginia Álvarez explica que una frase que “conmocionó” a las investigadoras que han realizado el informe era que muchas mujeres, tras una experiencia tan traumática, no volverían a denunciar porque “no solo había sido dura la experiencia de la agresión o de la violencia sexual sufrida, sino también el trato por las autoridades”.
Por eso señala que es necesario que “las mujeres que ya hemos dicho 'Basta ya' empecemos a exigir también una respuesta adecuada por parte de las autoridades y no consentir, en primer lugar, que la violencia sexual sigua siendo invisibilizada, que no esté en la agenda de las autoridades y exigir también que se pongan a nuestra disposición, a la disposición de todas las mujeres, los medios y profesionales, verdaderamente formados y especializados, para que nos den una atención conforme a estándares internacionales de Derechos Humanos y conforme a las obligaciones que tiene el Estado español en relación a las víctimas que sufren violencia sexual”.
En este sentido, AI ha puesto en marcha la campaña ‘No más piedras’ con la que exigen una ley integral que tenga en cuenta la violencia sexual “porque tiene sus propias características y tiene que ser atendida de forma especializada, con un adecuado enfoque de género”. También demandan cambios legislativos como la revisión del Código Penal y “que el elemento clave cuando hablamos de violencia sexual sea la ausencia de consentimiento”.
En tercer lugar, exigen campañas a nivel estatal para que “cualquier mujer que haya sufrido violencia sexual, no importa dónde esté, tenga información y sepa lo que hacer cuando ha sufrido violencia sexual”. Además, piden “protocolos claros de atención que no dependan de si la persona que tienes en enfrente (el o la policía, personal sanitario, el personal forense…) tenga la adecuada sensibilidad o tenga sensibilidad para atenderte adecuadamente, sino que haya protocolos claros para que sepan lo que tienen qué hacer y qué están tratando cuando están frente a una persona que ha sufrido violencia sexual”.
La violencia sexual en la Justicia, "como si te hubieran robado un móvil"
Y, especialmente, “que haya una Justicia especializada”. Virginia Álvarez recuerda que “una abogada nos dijo que la violencia sexual hoy día se trata en un procedimiento penal como si te hubieran robado un móvil”. De ahí que Amnistía Internacional denuncie que las mujeres que han sufrido violencia sexual “se enfrentan durante esos procesos penales a todo un proceso de cuestionamiento de su credibilidad” y recuerda que “dependiendo de cómo se actúe colaboraremos a que esa mujer pueda rehacer su vida o llevar secuelas para lo que le quede de vida”.
"Sentencias bochornosas"
Sobre las últimas sentencias que se han conocido los últimos días, Álvarez señala que “hay que garantizar por parte de todos los poderes públicos que se ponen todos los medios y todos los controles para que no se vuelvan a permitir sentencias tan bochornosas como las que estamos viendo”.
Y añade que “muchas de estas sentencias no son más que un reflejo de personas que no han entendido lo que es la violencia sexual, que no saben lo que es violencia sexual, que no saben lo que es la violencia de género. Lo juzgan sin tener en cuenta lo que son las especificidades propias. Es importantísimo que se revisen esos procedimientos judiciales y se garantice que no se revictimiza o que no se lleva a una victimización secundaria de la mujer cuando tiene que pasar por este tipo de procedimientos y por estas sentencias”.
Cree que “es necesario que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empiecen a tomar medidas urgentes para revisar los criterios y también que desde el Tribunal Supremo haya una clara jurisprudencia que establezca cuáles son los límites en los que se debe dejar claro que lo que se debe respetar es la autonomía y la libertad sexual de la mujer”. A esto habría que añadir “una verdadera formación y especialización de jueces y juezas que están afrontando todos estos temas”.
La responsable de Amnistía Internacional cree que “fallamos como sociedad cuando no exigimos que las cosas cambien” pero destaca que no cree que se esté fracasando porque, afortunadamente, "porque estamos saliendo a la calle” para pedir cambios profundos que dejen de invisibilizar el problema.
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