Tras la vista oral ante la Sección 7 --que ha sido a puerta cerrada--, la abogada de Pardo, Gemma Monera, ha explicado en declaraciones a los periodistas que se ha practicado la "prueba mínima para poder pasar la sentencia" y que ha habido la declaración de la víctima, pruebas periciales e informes policiales.

Ha asegurado que Pardo "es una persona que está arrepentida" y que no quería defenderse de las acusaciones en el juicio, sino que quería que pasara rápido y que se conformará con las penas que le imponga la sentencia.

La petición de pena de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima se ha mantenido en 70 años de cárcel por delitos de detención ilegal, delito de asesinato en grado de tentativa, delito continuado de agresión sexual y robo con intimidación.

Además, mientras que la fiscal pide una indemnización de 70.000 euros por las lesiones y secuelas, la acusación particular ha elevado su solicitud a 1,1 millones de euros.

El abogado de la víctima, Mariano Marin, ha detallado que a través de la vía contenciosa administrativa también dirigirán su reclamación de responsabilidad civil a la compañía que aseguraba la Conselleria de Interior y la Conselleria de Justicia de la Generalitat al entender que si Pardo estaba en prisión por hechos similares "obviamente habían fallado los mecanismos de control para comprobar si esta persona estaba en condiciones o no" de recibir un permiso penitenciario.

Ha lamentado que la necesidad de acudir primero a la vía penal y después a la contenciosa administrativa supone para la víctima "un plus de perjuicios y angustia" al no poder desconectar de los hechos.

Pardo estaba interno en el Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) condenado a 26 años de cárcel por una anterior violación a otra mujer en 2002 en una zona boscosa entre Martorell y Castellbisbal, la misma área donde ocurrió la violación de 2016, y tenía un permiso penitenciario de tres días.

En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que el acusado cometió los hechos aprovechando un permiso penitenciario y "motivado por su rabia contra las mujeres por el hecho de no poder ver a su hija debido a la oposición de su pareja".

Abordó a la víctima cuando acababa de subir a su coche en un aparcamiento en Igualada (Barcelona) a primera hora de la mañana, y exhibiéndole una navaja le obligó a llevarle hasta Martorell (Barcelona), asegurando que solo quería ir a salvar a su hija de unos traficantes.

En una urbanización de Castellbisbal, la obligó a bajar del coche y a adentrarse a pie en una zona boscosa por un camino forestal, y tras decirle "te ha tocado", la violó en varias ocasiones.

Después la obligó a adentrarse en una zona de difícil acceso, entregarle las llaves del coche y la tarjeta de crédito --además del código PIN-- y la puso de espaldas y le asestó siete puñaladas en el cuello y una en la zona lumbar "con ánimo de atentar contra su vida para evitar su identificación y detención".

La víctima cayó desplomada en el suelo, y entonces el acusado la arrastró y la lanzó por un barranco de cinco metros de altura y, creyendo que estaba muerta, le tiró encima tierra y diversas ramas con la finalidad de ocultarla para que el cuerpo no fuera hallado, aunque la mujer sobrevivió, prosigue la fiscal.

El hombre huyó con el coche, lo abandonó en la A-2 en Martorell y cogió el tren, y con la ayuda de un sobrino menor de edad, sacó del cajero automático 1.000 euros de su cuenta, pero finalmente fue detenido el 31 de octubre de 2016.

Tomás Pardo ya había atacado y violado a dos mujeres en 2002 y fue condenado por ello a 26 años de prisión. “Me pegó patadas en la cabeza, me cogió por el cuello, pensé que me mataría”, contó entonces una de las dos mujeres. La otra narró que intentó girarle el cuello “para partirlo y fue entonces cuando me hice la muerta”.

Pardo ha gozado de beneficios penitenciarios gracias a su buen comportamiento. Ha asistido voluntariamente a los programas de rehabilitación de violadores y ha podido disfrutar de un régimen abierto por el que salía a diario de la prisión para trabajar. La Junta de tratamiento de su centro dio luz verde para que disfrutase de permisos de tres días. Ha sido en el segundo de ellos cuando aprovechó para violar presuntamente a Gema. Como informa Mediterráneo Digital, “a juicio de los expertos, Tomás Pardo, podía readaptarse nuevamente a la vida fuera de la cárcel”.

Cuando violó a Gema en 2016, su propia hermana pidió que “lo trataran como a un perro a ver si él siente el dolor que ha hecho a estas tres víctimas”. En aquella ocasión el juez le había denegado el permiso penitenciario hasta en 13 ocasiones pero la Generalitat y la Audiencia de Barcelona se lo concedieron.

A Gema la secuestró y la llevó a un camino forestal en Castellbisbal para agredirla sexualmente varias veces. Después le clavó un cuchillo hasta en siete ocasiones en el cuello, gravemente herida la tiró por un barranco y la tapó con tierra y ramas para que nadie la encontrara. Antes de irse le quitó su tarjeta de crédito y llaves de su coche. La víctima pudo sobrevivir a tal atrocidad porque fue capaz de mandar su ubicación con el móvil a los mossos.

Hoy, el conocido como violador de Martorell se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía pide para él 70 años de cárcel y no sólo exige que se le aplique la agravante de reincidencia, sino también por cometer el delito "por razones de género". La acusación pública sostiene que Pardo actuó en 2016 "motivado por su rabia contra las mujeres, por el hecho de no poder ver a su hija debido a la oposición de su expareja".

Montse, la primera mujer a la que Tomás Pardo --conocido como 'el violador de Martorell' (Barcelona)-- atacó dándole una paliza en 2002 ha criticado este miércoles ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona que "la justicia patriarcal maltrata a la mujer en los juicios".