Seis argelinos, un tunecino, el jordano Qatada y un apátrida nacido en los territorios palestinos ocupados deberán ser indemnizados con sumas entre 1.700 y 3.900 euros, además de una compensación conjunta de 60.000 euros por gastos del juicio.

La Gran Sala de la corte europea retuvo contra Londres los cargos de violación de la libertad y la seguridad, pero no los de tortura y trato inhumano y degradante, indicó el tribunal en un comunicado.

Además, no dictó ninguna indemnización para un francés y un marroquí que también habían denunciado su detención y que terminaron abandonando voluntariamente el país.

El clérigo Qatada, el más conocido de los denunciantes, recibirá una indemnización de 2.800 euros.

El veredicto de Estrasburgo se publicó un día después de que la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial británica, abriera la puerta a la deportación de Abu Qatada a Jordania, que lo reclama por su presunta implicación en atentados terroristas en 1998.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede verse obligado a dictaminar también sobre esta deportación si Qatada decide recurrir la sentencia de los Lores.

El año pasado, el Tribunal de Apelación de Londres resolvió que la deportación de Qatada podía violar sus derechos humanos porque las pruebas contra él en Jordania pudieron haber sido extraídas bajo la tortura y no tendría un juicio justo.

Abu Qatada llegó a ser calificado por el juez español Baltasar Garzón como el "embajador" de Bin Laden en Europa durante una investigación sobre las conexiones españolas con los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados en EEUU.

Qatada ha negado esas acusaciones y ha insistido, incluso, en que no conoce a Bin Laden.

Nacido en 1960, Abu Qatada consiguió en 1994 asilo político en el Reino Unido, adonde llegó un año antes con un pasaporte falso desde los Emiratos Árabes Unidos tras escapar de su país de origen.

Los jueces de Estrasburgo señalaron que las indemnizaciones anunciadas hoy son "sensiblemente inferiores" a otros casos de detención ilegal y lo justificaron porque los arrestos fueron concebidos para detener un peligro público y ante la necesidad de proteger a la población contra el terrorismo.

Considerados "terroristas internacionales", los once denunciantes fueron detenidos junto a otras cinco personas que no acudieron al Tribunal de Estrasburgo, entre el 19 de diciembre de 2001 y octubre de 2003, en virtud de una ley antiterrorista adoptada el 4 de diciembre de 2001.

Londres decidió no expulsarlos a sus países de origen que los reclamaban ante el riesgo de que allí pudieran sufrir torturas, por lo que los mantuvo en detención.

Los jueces de Estrasburgo dictaminaron, sin embargo, que el Reino Unido no mostró una voluntad real de negociar unas condiciones de expulsión de los detenidos, lo que pone en duda el carácter "momentáneo" de su arresto.

Así, Londres no buscó un país para que acogiera al ciudadano apátrida y sólo comenzó a negociar con Argelia y Jordania a finales de 2003.

"El internamiento y la detención preventiva sin inculpación son incompatibles con el derecho fundamental a la libertad", a menos que haya una derogación válida, indicó el tribunal.

El Reino Unido argumentó que la amenaza terrorista era un motivo suficiente para derogar ese principio, pero los jueces de Estrasburgo consideraron "desproporcionado" ese principio.

En eso coincidieron con el dictamen emitido en 2004 por la Cámara de los Lores, lo que obligó al Parlamento británico a abolir la ley antiterrorista.