La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido por motivos de "salud pública" todas las manifestaciones , una decisión que ha estado cargada de polémica. Mientras sindicatos y Amnistía Internacional ya han manifestado su oposición a esta postura, trece sociedades científicas han consensuado un documento en el que apoyan la prohibición o denegación de las autorizaciones para la celebración de reuniones que excedan los límites de las recomendaciones vigentes, como eventos que fomenten la aglomeración o aumenten el riesgo de transmisión de la covid-19.

Estas sociedades científicas - las sociedades españolas de Medicina intensiva, crítica y de unidades coronarias (Semicyuc), de Especialistas en medicina del trabajo (Aeemt), de Geriatría y gerontología (Segg), de Infectología pediátrica (Seip), la Sociedad española de enfermedades infecciosas y microbiología clínica (Seimc) y las sociedades madrileñas de Neumología y Cirugía Torácita (Neumomadrid), de Medicina intensiva (Somiama), de Anestesia (Sarmadrid), de Medicina familiar y comunitaria (Somamfyc) y de Medicina preventiva. También la Sociedad española y madrileña de medicina de emergencias (Semes) y la Sociedad de medicina interna de Madrid-Castilla la Mancha (Somimaca)- recuerdan en un comunicado difundido el viernes la "necesidad" de mantener las medidas de prevención de contagios en la región "ante la elevada ocupación de las UCI" en Madrid.

Consideran que las actuales circunstancias epidemiológicas son de alto riesgo, y aunque se está produciendo un descenso en el número de hospitalizaciones, las actuales cifras de incidencia acumulada y la "elevada" ocupación de las UCI madrileñas aconsejan "insistir en mantener las medidas de prevención de contagios".

Por lo anterior, consideran necesario evitar a fecha de hoy "todo tipo de eventos que fomenten la aglomeración y aumenten el riesgo de transmisión", por lo que abogan por la denegación o prohibición de autorizaciones para reuniones que excedan los límites de las recomendaciones vigentes.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT de la Comunidad de Madrid llevarán a los tribunales la prohibición por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid de su concentración, que habían convocado como cada año en la Plaza de Cibeles, por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que han aseguran que se ha negado "de manera irregular".

Así lo han señalado en rueda de prensa telemática representantes de ambos sindicatos, que han criticado que se trate de "demonizar y criminalizar" el movimiento feminista del 8M y han defendido que un alto porcentaje de las concentraciones presentadas ante la Delegación están "ajustadas a derecho".

En concreto, la secretaria de Organización de CC.OO. Madrid, Paloma Vega, ha reprochado que "no se puede criminalizar al 8M como si fuera la única manifestación de todas que provoca contagios". Por ello, ha afirmado que van a presentar un recurso porque entienden que la resolución de denegación "atenta contra derechos fundamentales" y que el acto programado por los sindicatos estaba "dentro de la legalidad".

Se trata de una concentración que convocan cada año frente al Palacio de Cibeles y en la que tal y como ha explicado la secretaria de Igualdad de UGT en Madrid, Ana Sánchez, se iban a reunir un total de 100 personas, 50 de cada sindicato, en un acto "reivindicativo feminista, laboral y sindical". Considera que este acto es "fundamental" porque pese a que la lucha de las mujeres es "diaria", se trata de un evento en el que se visibilizan todas las reivindicaciones del feminismo.

También Amnistía Internacional (AI) estima que la decisión se trata de una "limitación desproporcionada al derecho de reunión pacífica establecido en el Derecho Internacional". "Cada petición debe evaluarse individualmente", subraya en un comunicado el director de AI, Esteban Beltrán.

Según explica, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que pueden imponerse restricciones al derecho a la libertad de reunión pacífica para proteger determinados intereses legítimos, como la salud pública.

Pero, recalca, "las autoridades deben realizar una evaluación caso por caso, que contemple qué medidas pueden adoptarse para prevenir contagios, sin necesidad de prohibir la manifestación en su totalidad".

Beltrán subraya la importancia del derecho de reunión y de participar en el debate público y sostiene que las prohibiciones de manifestaciones o protestas públicas deben ser "una opción de último recurso y solo basada en una necesidad urgente".

"Amnistía Internacional no cuestiona las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia. Sin embargo, la organización recuerda que cualquier medida que recorte libertades y derechos humanos debe cumplir estrictamente con el criterio de proporcionalidad y necesidad", destaca.