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Un joven camina por el arcén de una carretera que delimita con el vallado de la cárcel de Tenerife. Cuando cree que nadie le ve, lanza un paquete por encima de la alambrada que cae al interior del recinto. Después echa a correr. Pero un funcionario le caza por las cámaras de seguridad y al percatarse de sus intenciones, avisa a la patrulla de la Guardia Civil que vigila el perímetro. Los agentes le interceptan. Se trata de un chico de 25 años, residente en el municipio de Añaza.
Cuando van a buscar el paquete descubren lo que hay en el interior: tres teléfonos móviles con sus correspondientes cargadores y 70 gramos de hachís. El joven es detenido por un delito de tráfico de drogas y trasladado al cuartel de Santa Cruz para prestar declaración.
Mientras, dentro del penal alguien espera con incertidumbre ese pedido, un paquete que podría estar valorado en más de 2.000 euros. Teléfonos móviles y drogas forman parte de los objetos más cotizados en el mercado negro entre los reclusos. Todo lo que entra clandestinamente se revaloriza y desde que se prohibieron las visitas por el estado de alarma, los precios se han disparado.
En Tenerife, los funcionarios están acostumbrados a este tipo de intervenciones y explican a NIUS qué es lo que pretenden: "Alguien lanza el paquete para que caiga en una zona de seguridad. Después hay internos de confianza que tienen permiso para acceder a estas áreas restringidas, porque limpian o realizan trabajos de mantenimiento en el exterior. Ellos se encargan de recoger estos paquetes y de dárselos al receptor, a cambio de algún beneficio. Esto ocurre sobretodo en los centros penitenciarios antiguos, que se encuentran cerca de núcleos urbanos. Ahora que se ha restringido la entrada de personas sería necesario incrementar la vigilancia para evitarlo pero es completamente inviable”, cuenta un portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
Durante los registros en las celdas, no es extraño que los funcionarios encuentren en intervengan teléfonos móviles. Los familiares consiguen introducirlos ocultándolos en sus cuerpos al entrar a los vis a vis, porque los arcos de seguridad no los detectan.
“Nos traen muchísimos problemas. Ha habido un montón de denuncias de gente que tenía orden de alejamiento y llamaban amenazando a sus víctimas o de narcotraficantes que continuaban con su actividad ilícita desde sus celdas”, explica un funcionario.
Desde que se han suspendido las visitas la demanda ha ido en aumento: los internos quieren llamar a sus familiares para ver cómo se encuentran. Están muy preocupados por lo que ocurre fuera de los muros y lo que puede pasar dentro si la propagación continúa.
“Hay un ambiente muy raro, pero ellos no son conscientes realmente de lo que está pasando en la calle. Hablan con sus familiares y les piden que vayan al banco a hacerles un ingreso o a correos. Lo ven en la tele pero no saben cómo se vive esto aquí fuera", relata una funcionaria de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).
Aunque los reclusos pueden circular por las galerías o salir al patio, muchos han optado por quedarse confinados dentro de sus celdas. Hace dos semanas un reo de la prisión de Alhaurín (Málaga) grabó un vídeo denunciando la falta de medios de protección para los funcionarios que en el ejercicio de su trabajo pueden contagiarles y en el que amenazaban con amotinarse.
Por eso Instituciones Penitenciarias ha decidido comprar 200 dispositivos para que los internos puedan hacer videollamadas. Algunos centros ya los han recibido. Cáceres ha sido el primero en ponerlo en marcha. Hay una orden que regula estas comunicaciones. Los funcionarios critican esta inversión: "Adquieren terminales con lo que eso supone de gasto, mientras a los trabajadores no nos facilitan los equipos de protección adecuados o tenemos que utilizar una mascarilla durante tres días seguidos", indican.
Desde AFPP creen que la utilización de esos teléfonos puede acarrearles muchos problemas: “Sólo es para algunos internos que están autorizados. Esto puede crear conflictos porque todos van a querer llamar, no unos sí y otros no. Los funcionarios no podemos controlar su uso correcto y preservar al mismo tiempo la intimidad de esas personas, no puede recaer sobre nosotros esa responsabilidad", afirman.
Por otro lado, algunos centros como el de Nanclares también han propuesto a los reclusos la posibilidad de recuperar sus dispositivos electrónicos (móviles o tablets) para que realicen estas comunicaciones, aunque todavía no está claro cómo se va a organizar. Los funcionarios temen que esta medida excepcional pueda generar un flujo descontrolado de teléfonos y tener consecuencias nefastas cuando termine el estado de emergencia. Todas las cárceles disponen de locutorios con cabinas que los reos pueden utilizar y se ha aumentado el número de llamadas permitidas, que han pasado de ser 10 a 15.
El fin de las visitas y de las actividades también ha cortado la entrada de drogas a los centros penitenciarios. Una buena noticia por un lado pero también ha aumentado la tensión entre los consumidores, que sufren el síndrome de abstinencia.
Un problema añadido para los profesionales sanitarios que deben adaptar los tratamientos y controlar el consumo de estas sustancias. Un problema añadido a las dificultades con las que trabajan. No cuentan con personal suficiente en las plantillas, ni con herramientas adecuadas para controlar el coronavirus.
Deben evaluar a todas las personas que ingresan nuevas y mantenerlas aisladas durante 14 días, además de atender a los pacientes con síntomas sin saber si son positivos por que no cuentan con tests de diagnóstico rápido. Temen que esta pandemia pueda tener efectos devastadores para la población reclusa y las personas que trabajan en ellas.
Algunos reclusos inventan 'brebajes mágicos' para disminuir su ansiedad. Como la “chicha", en el argot carcelario. Se trata de una bebida alcohólica que fabrican dejando fermentar la fruta que les dan en el comedor, preferentemente ácida, como la manzana o la piña. Primero la trocean y la vierten en cubos de plástico. Después añaden cerveza sin alcohol que pueden comprar en el economato y fanta de naranja o limón. Finalmente lo tapan con bolsas de basura negra y lo esconden bajo una cama o sobre una estantería, durante una semana.
Los funcionarios son capaces de detectar la "chicha" solo con el olfato. "El proceso de fermentación hace que emanen los vapores, un olor inconfundible", explica un veterano. Suelen encontrarla en cubos dentro de las celdas durante los registros o entre los grupillos en los patios: se vende por botellas y es de dudosa salubridad. Muchos lo mezclan con antidepresivos, una combinación muy perjudicial y que provoca graves efectos sobre los internos.
Esta situación puede generar tensiones y enfrentamientos que ponen en peligro la seguridad dentro de los Centros Penitenciarios, donde el COVID-19 ya se ha llevado la vida de dos trabajadores y de una interna de Estremera.