Cuatro funcionarios del centro penitenciario madrileño de Valdemoro fueron detenidos este lunes, acusados de introducir presuntamente droga y teléfonos móviles en la cárcel. Al parecer actuaban compinchados con tres reclusos del módulo 7, destinado a presos conflictivos y multireincidentes.

Agentes de la Guardia Civil arrestaron a los trabajadores por la mañana en sus respectivos domicilios. Estaban librando y uno de ellos de baja médica desde hacía varios meses. Son una mujer de 55 años y tres hombres, de entre 55 y 61. Uno de ellos está presuntamente implicado además en la fuga de Jonathan Moñiz Alcaide, 'el Piojo' y su hermano Miguel Ángel.

Efectivos del instituto armado acudieron por la tarde al penal con perros del servicio cinológico de Barajas adiestrados para encontrar droga, a requerimiento de Instituciones Penitenciarias. Registraron las taquillas de los vestuarios de los funcionarios ante la mirada de sus compañeros, lo que desató un gran revuelo.

Este martes los siete detenidos permanecen arrestados, a la espera de ser interrogados. El magistrado que instruye la causa es el titular del juzgado mixto número 7 de Valdemoro, el mismo que lleva el caso de la fuga del 'Piojo', que ya ha decretado el secreto de sumario. Les acusan de organización criminal, prevaricación, cohecho, tráfico de estupefacientes y de teléfonos móviles, y la omisión del deber de perseguir delitos que se venía desarrollando en el interior del centro penitenciario.

trapicheoUna mujer de 25 años y dos hombres de entre 30 y 36, se habían hecho con control del mercado de estupefacientes y teléfonos móviles dentro de los muros, durante el confinamiento. Presuntamente actuaban en connivencia con los trabajadores, aprovechando que se habían suspendido las comunicaciones por vis a vis y la subida de precios en el mercado negro.

Antes de la pandemia una bellota de 10 gramos de hachís costaba unos 100 euros y ahora se vende a 150. La cocaína pasó a costar el doble, de 60 euros el gramo a 120. Los teléfonos cada vez son más pequeños y los reclusos los quieren con cámara y datos para hacer videollamadas.

Al parecer los funcionarios se encargaban de introducir esta mercancía prohibida en el centro y la ocultaban en sus taquillas antes de entregárselo a los internos. Ahora se investiga si mantenían además relación con otros delincuentes fuera de las rejas, que se encargarían de suministrarles los estupefacientes y los dispositivos y de recoger el dinero.

Los representantes sindicales difundieron este lunes una nota de prensa en la que se mostraban humillados y vejados. Sus compañeros fueron conducidos hasta el penal en los mismos furgones de la benemérita en los que ellos reciben y despiden a los presos.

Así relatan en el escrito cómo lo vivieron en primera persona los funcionarios que estaban de servicio: "al acceder a los vestuarios, nos encontramos con un guardia civil de paisano, que se identificaba como tal y nos acompañaba a nuestras taquillas, para comprobar cuál abríamos".

Los delegados sindicales acudieron entonces al director, que se encontraba presenciando los cacheos en dos celdas del módulo 7. " De muy malas formas y sin darnos explicaciones nos dijo: ¡esto es una orden y tenéis que iros inmediatamente!".

Después de los registros el director llamó a los delegados de Acaip y CCOO pidiendoles perdón y asegurando que él no sabía nada de antemano. Lamentan la actuación de la Secretaría General y aseguran que es una "obsesión de la administración penitenciaria durante 30 años buscar corruptos entre los trabajadores". Mantienen además que hasta ahora, ningún trabajador ha sido condenado mediante sentencia firme por delitos relacionados con el tráfico de drogas, cohecho, etcétera."

Los sindicatos critican a la administración penitenciaria por dejar caer sobre ellos "la sombra de la duda" y permitir que lleven colgado "el cartel de corruptos". Consideran que con esta investigación se han visto lesionados los derechos de los trabajadores penitenciarios como la intimidad, el menosprecio, el abuso o la arbitrariedad, como a su parecer ocurrió.

Este penal fue inaugurado en 1992 y abrió las puertas ya con polémica, por un retraso de meses en la puesta en marcha. En sus inicios albergó a los reclusos de la cárcel de Carabanchel, en la que se hacinaban 2600 internos.

Edificado como un centro de máxima seguridad, actualmente cuenta con grandes deficiencias. La fuga de el 'Piojo' puso de manifiesto la carencia de personal para cubrir todos los puestos, y una plantilla que supera los cincuenta años de media.

Durante la fuga de los aluniceros, las alarmas saltaron pero fueron desactivadas por los continuos fallos que se detectan cuando algún objeto o animal roza las alambradas que cercan el perímetro.

Las familias de los internos señalan además problemas con la atención médica por la carencia de profesionales contratados y una comida deficiente, debido a las grandes deudas que la administración mantiene con los proveedores.

En navidades ordenaron reforzar las medidas de seguridad. Todos los miércoles se realiza un chequeo minucioso y pormenorizado de los medios activos y pasivos para comprobar que todos los sistemas funcionan.

Como medios pasivos se entienden: muros, vallas, concertinas, barrotes o los portones de acceso y como medios activos: cámaras de videovigilancia, video-sensores, barreras microondas, barreras con infrarrojos, volumétricos, DTR, cables microfónicos, arcos detectores, sistemas de grabación o de iluminación, entre otros.

Los máximos responsables son los directores y subdirectores de seguridad y los jefes de servicios, que deben supervisar las medidas, establecer los procedimientos oportunos y supervisar la actuación del personal designado para estas labores.

Se han dictado nuevas instrucciones por las que los funcionarios deben incrementar la observación de los internos, los recuentos, los cacheos, las requisas o cambios de turno, con especial atención a los turnos de noche.