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Nuestros mayores no son un negocio y merecen una calidad de vida digna. Es lo que reclaman decenas de familiares a las puertas de la residencia investigada en Liria,Liria, en Valencia. Consternados por las imágenes grabadas por una exempleada a otros residentes del centro en situaciones deplorables, por las que piden actuar ya a la Generalitat Valenciana.
Con denuncias anteriores, como los presuntos abusos sexuales durante tres años a la madre de un afectado por un extrabajador del centro que está en prisión provisional. Demasiado dolor y demasiadas preguntas. Los empleados de la residencia están citados a declarar ante la Guardia Civil a partir de esta semana.
La propuesta de sanción de la Generalitat a la residencia de ancianos Domus VI de Llíria por un importe de 174.000 euros incluye una falta muy grave, sancionada con 80.000 euros, por trato degradante a ancianos.
La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que el informe de la inspección recoge irregularidades graves que motivan una de las sanciones más altas vistas en este ámbito, una de ellas la de trato degradante que conlleva la sanción más elevada de todas, con 80.000 euros.
El informe recoge "indicios de trato no correcto, incluso degradante" y que en algún caso los ancianos no iban vestidos o estaban en posturas corporales inadecuadas, según Oltra, que se ha referido a la "crudeza" de las imágenes emitidas por Telecinco, en las que se ve a ancianos atados a sillas, con llagas o desnudos, supuestamente desatendidos para comer e incluso abandonados tras caer al suelo.
Sobre si se han trasladado a la Fiscalía estos hechos, ha señalado que ésta ya abrió diligencias de investigación de oficio ante la gravedad de las imágenes, y que la consellería ha trasladado los procedimientos sancionadores en marcha y ha puesto a la Inspección a su servicio, y ha asegurado que, una vez concluya la investigación interna sobre el vídeo, se determinará si lleva los hechos a la Justicia.
Preguntada si la Generalitat intervendrá la residencia, ha manifestado que se actuará en función del informe de la inspección, ya que se requiere una base técnica.
Sobre las irregularidades detectadas en 2019 a esta residencia, ha indicado que la inspección hace un seguimiento para comprobar si se subsanan o si hay una "rebeldía" en el cumplimiento.
Oltra ha resaltado el "valor" del trabajo de la inspección y ha asegurado que su departamento va a ser "inflexible" en la exigencia "no solo trato correcto, sino buen trato a los mayores, digno y afectuoso".
Familiares de algunos residentes en Llíria ya han pedido el traslado de algunos mayores a otro centro, si bien Oltra no ha podido precisar cuántas han sido al ser una cuestión que depende de los servicios sociales municipales, aunque ha recordado que la consellería facilitará los traslados que se pidan.
Ha afirmado que, en aplicación de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de 2019, se va a adelantar el incremento del número de inspectores y en un año y medio los 21 actuales llegarán a 33 o 34, con una ratio de uno por cada 150.000 habitantes, y ha señalado que con los 7 que había en época de gobierno popular "no se habrían podido detectar" las irregularidades de la residencia de Llíria.
Oltra ha defendido que la gestión de los servicios sociales "no es la bolsa ni una inversión" y por tanto los grupos empresariales que se dedican a ella tienen que primar la responsabilidad social y el trato digno a las personas.
Hay grupos que "no lo entienden así" y cuyas consecuencias se han visto en Llíria o en Alcoy, donde murió más de la mitad de residentes y casi todos se contagiaron de covid, por lo que "llueve sobre mojado".