Cuatro de cada cinco sospechosos detectados por el sistema de reconocimiento facial de Londres son inocentes
El sistema podría se declarado ilegal por los tribunales
Cuatro de cada cinco personas que son identificadas como sospechosas a través del sistema de reconocimiento facial que prueban actualmente las fuerzas policiales de Londres resultan ser inocentes, como ha revelado un informe independiente que alerta sobre los fallos de esta tecnología y que su uso podría vulnerar los derechos humanos.
El estudio del sistema empleado por la Policía Metropolitana de Londres fue encargado por Scotland Yard y realizado por académicos de la Universidad de Essex, quienes evaluaron la precisión de la tecnología en seis de las diez pruebas realizadas en la capital británica. La Policía de Londres comenzó a emplear estas medidas de seguridad en el carnaval del barrio de Notting Hill de 2016.
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Un 81 por ciento de los individuos que fueron detectados por el sistema de reconocimiento facial como sospechosos que formaban parte de una lista de personas buscadas de las fuerzas de seguridad británicas resultaron ser inocentes.
De un total de 42 identificaciones, solo ocho resultaron ser correctas, lo que supone una tasa de error del 81 por ciento. Cuatro de los 42 eran personas que nunca fueron encontradas porque se perdieron por la multitud, por lo que no se pudo verificar la identificación.
La Policía Metropolitana de Londres ha defendido que estos datos no son correctos, según recoge Sky News, y mantienen que el sistema posee un margen de error de 0,1 por ciento. Calcularon este margen comparando las coincidencias exitosas y no exitosas con el número total de caras procesadas por el sistema de reconocimiento facial.
Según los investigadores, "es altamente posible que el despliegue policial de la tecnología de reconocimiento facial pueda considerarse ilegal si se lleva a los tribunales", y acusan a la Policía Metropolitana de Londres de haberse centrado en los aspectos técnicos obviando los aspectos no técnicos.
Los problemas destacados en el estudio se centran en que "no hay una autorización legal explícita" para el uso de estos sistemas en la legislación británica, y a que resulta "improbable que satisfaga los requisitos establecidos por los derechos humanos".