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No ganamos para polémicas. Cada día, los políticos nos regalan una, La última: el pin parental. Con este mecanismo de control los padres murcianos decidirán sobre las materias que reciben sus hijos por parte de personal externo al centro aunque el profesorado lo considere necesario. Será obligado el consentimiento expreso de los progenitores y les concede el poder de vetar actividades y temas que consideran "controvertidos". Una reivindicación por la que luchaba la Confederación de padres de centros católicos, especialmente en cuestiones de sexualidad, violencia de género o derechos LGTBI, materia curricular y recogida en la ley. La ha puesto encima de la mesa Vox en Murcia para aprobar las cuentas defendiendo que "los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos".
No es la única Frase que ha encendido el debate. A la espera de una ley de educación consensuada que nunca llega, Celaá, ha prendido la mecha de que "No estamos hablando de actividades voluntarias. Forman parte del derecho fundamental de la persona a ser educada. No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres, es interés del menor, es derecho fundamental del menor" y ha defendido que lo prioritario son los derechos de los menores a ser educado y que pensar de otra manera "equivaldría a pensar que los menores por serlo no poseen derechos fundamentales". La ministra ha recordado que la opinión de los padres en el diseño de los planes educativos ya es tenida en cuenta en los consejos escolares. No ha tardado en contestar un PP al decirle que “a quien no pertenecen los hijos es a la señora Celaá”.
Por su parte, Irene Montero, ministra de Igualdad ha ido más allá y ha calificado la medida de "machista" y de "censura educativa". "Es un elemento claro de censura educativa y machismo. Los hijos de padres y madres machistas tienen el mismo derecho que otro niño a ser educados en libertad, en feminismo y en igualdad", ha enfatizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ciudadanos, por su parte, pedirá en el Consejo de Gobierno el informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma con el fin de "aclarar" la legalidad de la instrucción enviada por la Consejería de Educación a los centros de enseñanza para aplicar el 'pin parental' en la Región de Murcia.
La FAPA, por su parte, considera que "la diversidad que se vive fuera y dentro de la escuela necesitan conocerla nuestros hijos", mientras que los impulsores del PIN aseguran que "se está adoctrinando a los niños en materia de género·. La FAPA considera, por el contrario, que el pin parental es poner cortapisas a la libertad de enseñanza y temen que lo que empieza con estas materias pueda extenderse a otras. Mientras, la organización Hazte Oír denunciará a los directores de los centros educativos que "obstaculicen" la implantación del 'pin parental'. CSIF considera que el pin parental demuestra la falta de confianza en los profesores mientras que sindicatos de estudiantes llaman a la movilización. Es decir, volvemos a la politización de la educación, tan querida por nuestros políticos.
El Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que defiende desjudicializar la política ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el 'pin parental'. En el caso de que el Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras (PP) no atienda al requerimiento del Gobierno de Sánchez, la ministra Celaá ha precisado que iniciará "el procedimiento para llevar a los tribunales" el 'pin parental', una medida promovida por Vox que la formación de Abascal ha exigido tanto en Murcia como en Andalucía para apoyar los presupuestos de ambas comunidades.
Pero hay más. La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ve compatible desjudicializar el problema catalán con recurrir el PIN
En este sentido, ha afirmado que la inclusión del PIN parental en la Educación va en contra de la Ley de Educación, de la Ley de Violencia de Género y en los Convenios Internacionales. No obstante, ha precisado que antes de proceder a recurrir a los tribunales, el Gobierno va a realizar un requerimiento al Gobierno de esta Comunidad Autónoma si se materializa.