Las provincias de Cádiz, Gerona, Barcelona y Valencia son las que mayor riesgo presentan, porcentual o absoluto, de sufrir una inundación cada 10 años en la franja de 10 kilómetros de costa, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad, que recuerda que la ocupación antrópica de los suelos en el último siglo se traduce "en demasiadas ocasiones" en cuantiosos daños económicos y humanos.

Así, el informe indica que el daño anual por inundaciones a nivel mundial es de más de 90.000 millones de euros, de media unos 800 millones de euros al año en España según el Consorcio de Compensación de Seguros.

El OS advierte de que la cifra seguirá aumentando por el crecimiento económico, los procesos de urbanización y el cambio climático. "En España es la catástrofe natural que más daños genera en España", añade.

El aumento del riesgo, según valora se debe al intenso proceso de urbanización costera impulsado desde la segunda mitad del siglo XX por el sector turístico-inmobiliario, lo que ha llevado a una "extensa" ocupación del litoral, de terrenos situados en áreas inundables que hacen que aumente el riesgo y la vulnerabilidad de las personas y propiedades.

De hecho, el contundente informe asegura que "ninguna" provincia costera del Mediterráneo o Atlántico sur puede considerar que su riesgo de inundación es reducido en términos de extensión de superficie antrópica afectada.

Por el contrario, "solo" las costas gallegas "pueden presumir" de tener un bajo riesgo de inundación de áreas artificiales para las láminas con los diferentes periodos de retorno (10, 100 y 500 años).

El estudio del OS expone que en la costa cálida, la mayor parte de las áreas artificiales en riesgo de inundación son consecuencia de la construcción impulsada por el sector turístico inmobiliario, mientras en la costa norte, las superficies con alto riesgo están en áreas urbanas históricas "mucho más consolidadas".

En total, el trabajo estima que el 2,35 por ciento de la superficie artificial de la franja costera de la España peninsular y Baleares se encuentra en la lámina de inundación con periodo de retorno de 10 años.

La cifra de riesgo de inundación cada 10 años aumenta hasta el 2,56 por ciento en la costa cálida (Mediterráneo y Atlántico sur) y se reduce al 1,79 por ciento de la costa norte. El porcentaje se eleva hasta el 6,76 por ciento (el 8,17 por ciento en la cálida y el 2,89 por ciento en la fría) si se tiene en cuenta un periodo de retorno de inundación de 100 años.

Por zonas, Valencia es la provincia con "mayor riesgo de impacto" sobre las superficies artificiales en términos porcentuales, mientras que si se tienen en cuenta las superficies absolutas afectadas, el ránking está encabezado también por Valencia, pero le siguen Barcelona, Alicante, Málaga y Tarragona.

El tramo con mayor acumulación de riesgo sobre las áreas urbanizadas costera se extiende entre el sur de la ciudad de Valencia y el Cabo de la Nao, con más de 1.500 hectáreas de superficie artificial situadas sobre láminas de inundación en un tramo de costa de unos 100 kilómetros.

Por municipios, los 15 con mayor riesgo de sufrir una inundación son: Isla Cristina- Ayamonte (Huelva), Palmones-Guadarranque (Cádiz), Bajo Guadalhorce (Málaga), Bajo Andarax (Almería), Cartagena (Murcia), San Javier-Los Alcázares (Murcia), Costa de Marina Alta (Alicante ), Gandía-Oliva (Valencia), Alaquas-Catarroja (Valencia), Vinaroz-Peñíscola (Castellón), Empuribrava-Santa Margarida (Gerona), Palma de Mallorca (Baleares), Gijón (Asturias), Bajo Urumea (Guipúzcoa).

En este contexto, el informe del Observatorio de la Sostenibilidad ha elaborado un decálogo de recomendaciones que aconseja priorizar "inmediatamente" la transmisión de la información a la población afectada por el riesgo para explicarles el riesgo exacto para cada una de sus propiedades y viviendas.

Además, considera "de gran importancia" mantener una red de alerta rápida para evitar situaciones críticas. Las administraciones territoriales, municipios y mancomunidades más próximas en su gestión, deben recibir esta información y proporcionarla los ciudadanos para mantenerse bien informadas de cuáles son sus áreas de riesgo y del periodo de retorno en que se deben esperar inundaciones, tanto para aplicar dicho condicionante en su planeamiento urbano, como para transmitir dicha información a la población.

Otra de las medidas que califica de "primordiales" abunda en que la población conozca la magnitud y realidad geográfica del riesgo de inundación y recomienda a cada propietario de vivienda, nave industrial con una construcción en área de riesgo de tomar las medidas precisas, como diseño y aprovechamiento adecuado de las construcciones o contratación de seguros.

En cuanto a las administraciones, a las que hace la "principal recomendación" para la "correcta gestión" del territorio, aconseja evitar el crecimiento de los núcleos urbanos hacia las áreas donde el riesgo de inundación catastrófica sea significativo.

El estudio revela que para grandes extensiones de territorio al recomendación llega tarde, como consecuencia "especialmente de la explosión del urbanismo turístico desde la segunda mitad del siglo XX", por lo que en esos lugares deben centrarse en tratar de amortiguar y prevenir los daños.

De cara al futuro, apuesta porque uno de los principales condicionantes a considerar en la planificación urbana sea, precisamente, el riesgo de inundación, así como revisar los planes de urbanización ya aprobados para minimizar la construcción en zonas de riesgo significativo.

Un total de 195 personas han fallecido en España a lo largo del siglo XXI debido a riadas e inundaciones, según datos facilitados a Europa Press por Protección Civil, que señala que en 2018 fallecieron un total de 24 personas por esta causa y otras seis han muerto en lo que va de 2019, las últimas cuatro por el actual temporal.

El pasado año se convirtió en el más trágico en la materia debido a los 13 fallecidos registrados en octubre en Baleares. Le sigue el año 2015, con 17 fallecidos; el año 2012, con 15; y el año 2000, con 14. En todo los años del presente siglo se ha registrado algún fallecido por esta causa siendo 2014 el ejercicio menos mortífero, con dos víctimas mortales.