Esta jornada de lunes ha comenzado el juicio contra la Manada de Pamplona por un nuevo delito de abuso sexual y contra la intimidad. Llevan cinco meses cumpliendo condena tras la sentencia que les condenaba culpables de violación por los hechos acometidos en los San Fermines de 2016. Una pena de 15 años para cada uno, además de dos años adicionales en el caso del Guardia Civil, Antonio Manuel Guerrero, por robo con intimidación.

Cuatro de los cinco integrantes de la autodenominada manada se vuelven a sentar en el banquillo, todos menos Ángel Boza, que no estaba presente en la agresión de Pozoblanco. En la primera jornada del juicio los cuatro acusados se han acogido a su derecho a no declarar, y se han negado a responder las preguntas de cualquiera de las partes. Su defensa quiere invalidar el juicio por considerar que la prueba principal del caso ,los videos, se obtuvieron de manera "ilícita".

En la segunda jornada es el turno de la víctima de declarar, en un primer momento no denunció porque creía que no la iban a creer, ya que apenas se acuerda de la agresión. La prioridad durante esta sesión es preservar la intimidad de la víctima, declarará tras un biombo y accederá a los juzgados por el garaje. Además, esta declaración se producirá a puerta cerrada, no la podrán presenciar los medios de comunicación ni el público de la sala. El objetivo es que no se filtren ni imágenes, ni videos ni audios.

El caso se destapó cuando la policía navarra descubrió en los móviles de los acusados grabaciones de carácter sexual que se grabaron en un vehículo tras las fiestas de Pozoblanco, Córdoba. En ellas se puede ver como los miembros de la manada abusan de la joven que se encuentra en un estado de inconsciencia.

Un procedimiento habitual en los miembros de la manada, un delito contra la intimidad que repitieron dos meses después, en la violación del 7 de julio de 2016. Grabaron a su víctima al igual que habían hecho en Pozoblanco y después lo distribuyeron, al igual que en el primer caso, mediante sus grupos de Whatsapp. La fiscalía pide para ellos siete años de cárcel por un delito de abuso sexual y contra la intimidad, que se sumarían a la condena que cumplen por violación.