Los principales puntos del decreto recogen las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado o la ampliación a cinco años la prórroga de la duración del contrato frente a los tres actuales. También se obliga a los juzgados a comunicar a los servicios sociales las circunstancias de los desahuciados para evitar que afecte a “ninguna persona se vea en situación extrema de precariedad”.

Desde el sector inmobiliario la principal crítica contra esta nueva regulación viene por la “incertidumbre” que genera esta norma. Gustavo Rossi, presidente de Alquiler Seguro pide “reglas de juego claras” que permitan a inquilinos y propietarios a pactar contratos en los que ambas partes se vean beneficiadas. Como experto en el sector, está convencido de que “esta incertidumbre va a provocar que se exijan más garantías” a los arrendatarios lo que provocará que sectores que ahora podían demostrar solvencia económica se queden fuera del mercado.

Tampoco las asociaciones de inquilinos creen que el decreto solucione los problemas el mercado del alquiler. Tras reunirse con los partidos políticos creen que la ley se ha quedado corta por “cobardía” del Ejecutivo. Tras este encuentro, representantes del Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid cree que se trata de un texto “insuficiente y que no soluciona el problema de la vivienda”, según recoge en un comunicado publicado a través de las redes sociales.

La principal crítica a los puntos recogidos en el decreto pasa por que "no incluye la regulación de precios del alquiler”, algo que también ocasionó un duro enfrentamiento entre socialistas y representantes de Podemos.

Este control de los precios que echan de menos los inquilinos es para el representantes de los propietarios, Gustavo Rossi, “un error que se ha demostrado ineficiente”. Rossi señala que “cuando este índice subía un 2,8 por ciento en los años 2011 o 2012, los alquileres caían entre el 15 y el 20 por ciento del valor”. Por lo que propone apostar más por “acuerdos entre las partes” ya que “muchos propietarios sacrifican subidas próximas al valor del mercado por conservar inquilinos que aportan estabilidad y confianza”.

Laura Martínez, de iAhoro, prefiere hablar de "desigualdad" entre comunidades autónomas cuando se habla de "limitaciones de precios" dado que "la política de comunidades autónomas puede ser muy distinta y porque las diferencias de precio son muy diferentes en grandes ciudades o áreas con mayor tensión en el mercado inmobiliario como son las costas".

Según esta experta del mercado inmobiliario, "el que alquila en una gran ciudad puede ver que en el futuro no puede aplicar subidas en nuevos alquileres al finalizar el mismo o al menos libremente, pero el de una pequeña localidad lo más probable es que apenas encuentre diferencia".

Sobre la elaboración de índices de precios en el mercado del alquiler asegura que "puede que algunas comunidades autónomas impongan precios en tablas y que otras se limiten a bonificaciones fiscales, por ejemplo, en el IBI".

A partir de ahora la duración de los nuevos contratos pasará de ser de tres a cinco años, siete si el arrendador es una persona jurídica. Esta prolongación podrá aún ampliarse a otros tres años más si las partes no acuerdan algo diferente antes de que expire el contrato en vigor. Una medida que para Gustavo Rossi "no supondrá ningún problema" porque es algo que puede ser negociado perfectamente entre las partes como ocurría hasta el momento.

Sin embargo, los representantes de los inquilinos califican de "parche" esta medida de alargar los contratos por que creen que "no va a evitar que nos sigan expulsando de nuestras casas", tampoco que "nos sigamos dejándonos un riñón en el alquiler" o que "los especuladores se lucren a nuestra costa".

El decreto aprobado este viernes por el Gobierno en su último Consejo de Ministros de la presente legislatura incluye también que los contratos de arrendamiento deben respetarse siempre por los terceros compradores del inmueble, de modo especial en el periodo de prórroga obligatoria de cinco o siete años. Según el Gobierno, esta medida es necesaria para prevenir posibles prácticas de fondos de inversión que adquieran viviendas arrendadas y que decidan no asumir los plazos y condiciones de los contratos vigentes.

Para el presidente de 'Alquiler Seguro' cree que es un error no apostar por la capacidad de las partes para alcanzar acuerdos porque asegura, "a día de hoy, el mercado del alquiler está compuesto en un 96 por ciento por pequeños particulares y solo un cuatro, en manos de grandes tenedores".

Uno de los máximos representantes de estos fondos, Claudio Boada, de Blackstone considera que el texto "discrimina sin razón alguna" a las operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores.

Asegura que la normativa va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta", además de "dificultar la operativa de una plataforma profesional del alquiler en España".

En último término avisa de que la ampliación de los plazos del alquiler, las limitaciones a la revalorización de las rentas y la reducción de garantías en los alquileres de renta libre van a suponer que los precios de salida ofertados sean "más altos" para adaptarse al nuevo decreto, lo que va a perjudicar principalmente a los arrendamientos más asequibles, aquellos que están por debajo de 600 euros.

La responsable del portal iAhorro, comparte aspectos de esta advertencia al afirmar que "seguramente habrá una reducción de oferta" aunque está convencida de que no será tan "dramática como señalan algunas empresas del sector".

Para Martínez, los propietarios tendrán a partir de este momento dos alternativas: "No poner su vivienda en alquiler o ponerla a la venta", En ambos casos considera que no serán opciones mayoritarias sino solo puntuales. Pero si se muestra convencida de que lo que ocurrirá, por el contrario es que van a disminuir "los que adquieran una vivienda para ponerla después en alquiler ya que pueden considerarlo menos rentable".