100.000 familias vulnerables recibirán, de forma automática sin tener que solicitarlo, la ayuda que este viernes ha aprobado un Consejo de Ministros extraordinario. Hemos estado con algunas de ellas. Personas que se han quedado en paro por la pandemia y que se han visto obligadas por primera vez en su vida a pedir comida a los bancos de alimentos o a tener que guardar largas colas en los comedores sociales.

El coronavirus ha agravado las ya de por sí preocupantes cifras de pobreza en nuestro país. Ana Isabel trabajó cuidando ancianos y es la primera vez que necesita ayuda para comer. “Cogí el COVID-19. Soy madre de dos hijos. Se han quedado sin trabajo y por primera vez en mi vida me ha tocado tocar puertas”, lamenta.

Informativos Telecinco se acerca también al testimonio de un padre de familia. Tanto él como su pareja están en paro y toda ayuda es poca. “Nos hemos quedado sin trabajo. Del subsidio me dieron 200 euros, y con eso no puedo hacer nada”, nos cuenta.

Las peticiones de ayuda se multiplican y las ONG están desbordadas. “Nos encontramos muchísimas familias que antes vivían con lo justo, con sus dificultades, pero que ahora no tienen para comer”, afirma Pablo Luano, Director de la ONG Cesal.org.

También los servicios sociales piden “un sistema capaz de dar respuesta a la sociedad en un momento crítico cómo fue 2008 y como es este 2020 y será 2021 probablemente”. Son palabras de Jaume A. Felip, presidente del Colegio Oficial del Trabajo Social de Castellón. Por su parte, Emiliana Vicente, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social, considera que esta medida contribuirá a “simplificar la tramitación burocrática y las esperas” y a “agilizar estos procesos “.

Se calcula que las ayudas podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores. Más del 83 por ciento de la sociedad española, según el CIS, está a favor del Ingreso Mínimo Vital. Una medida defendida por economistas y organizaciones sociales pero que también encuentra el rechazo de casi un 13 por ciento de los españoles que temen que sea un despilfarro de dinero público que tampoco ayudará a sus beneficiarios a mejorar su nivel de vida o perspectivas laborales.