Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Álexpresunto asesinopequeño Álex en la localidad riojana de Lardero, se encuentra en prisión provisional, comunicada sin fianza, después de acogerse a su derecho a no declarar. La familia del menor de nueve años insiste en que el crimen pudo haberse evitado.

El Ministerio del Interior ha recibido críticas los últimos días por no haber impedido que el acusado disfrutara de permiso y de libertad condicional, a pesar de que había informes de sus antecedentes. El ministro Fernando Grande-Marlaska defiende la legalidad de las decisiones adoptadas. La investigación del caso sigue a la espera conocer el resultado de la autopsia del menor.

Francisco Javier Almeida lleva poco más de 24 horas en la prisión de Logroño y no está colaborando con los investigadores. Apenas se ha cruzado con nadie, solo le ha visto el médico de la prisión, que le ha aislado en una celda durante 10 días, siguiendo la normativa de cuarentena por covid.

Además, se le ha aplicado el protocolo antisuicidio. El presunto asesino del menor estará vigilado por un preso de apoyo con el que tampoco establecerá contacto. El acusado será supervisado a través de un cristal de la celda contigua. La figura de estos presos de apoyo es clave para prevenir suicidios dentro de las cárceles.

La familia del pequeño ÁlexfamiliaÁlex no entiende cómo el acusado estaba en libertad, cuando aún le faltaban al menos dos años de condena por cumplir. Francisco Javier Almeida obtuvo la libertad condicional al cumplir con los requisitos requeridos, según el juez de vigilancia penitenciaria, pero había informes de la junta de tratamiento de la prisión que rechazaban esta decisión.

Las penas por los delitos que cometió anteriormente el presunto asesino del niño de Lardero fueron dictadas antes de 2015, cuando una Reforma del Código Penal introdujo la prisión permanente revisable.

Francisco Javier Almeida estuvo sometido a 16 intervenciones de seguimiento, entre ellas una visita de funcionarios a su domicilio actual, desde que el 8 de abril de 2020 un juez le concediera la libertad condicional.

El juez impuso una serie de condiciones a Almeida tras ordenar su libertad condicional. Entre ellas, comunicar a las autoridades cualquier cambio de domicilio, buscar trabajo y acudir a la oficina de gestión del Servicio de Penas y Medidas Alternativas de la prisión cada dos meses.

Los controles bimensuales consistían en entrevistas presenciales, pero también en contactos telefónicos. Entre estas se incluyeron la comunicación por parte del condenado de la incorporación a un trabajo y una ampliación de su horario laboral.

Las actuaciones de seguimiento habituales fueron más numerosas este año: hasta 11 intervenciones en las que el acusado cumplió con los controles, presentó justificantes de pago de la responsabilidad civil de la condena, entregó una copia del contrato laboral, del de alquiler o recibos de nómina. Una de estas intervenciones consistió en la visita de los funcionarios de seguimiento a su domicilio para constatar si estaba cumpliendo con las condiciones impuestas por el juez.