El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado veintidós enmiendas al proyecto de ley por el que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios, entre las que destaca una propuesta para ampliar el ámbito de aplicación de la norma incorporando al sector financiero y al de seguros.

El objetivo de los 'populares', según el texto dirigido a la Mesa de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso, es que las empresas como bancos y aseguradoras también estén sometidas a lo dispuesto en la nueva norma, "habida cuenta de lo amplio de su cartera de productos y de la complejidad de los mismos.

"No entendemos que exista justificación alguna para dejar fuera del ámbito de aplicación de la Ley a este sector, más aún cuando tanto el Consejo de Consumidores y Usuarios como el propio Instituto Nacional de Consumo, que ha tenido una participación activa en la redacción del Proyecto de Ley, se han mostrado contrarios a dicha exclusión", explica la diputada Dolors Nadal, ponente en dicho proyecto.

Por otro lado, también han presentado una enmienda que busca extender la exigencia de la gratuidad de la atención de las quejas, reclamaciones e incidencias a todas las empresas, independientemente de su tamaño o del sector en el que operen.

Según Nadal, el texto original establece la gratuidad de la atención al cliente de aquellas empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, si bien el PP ha querido ir "un paso más allá" para que, "en el plazo de seis meses, una norma prohíba la utilización de números de tarificación adicional para la atención de quejas, reclamaciones e incidencias del resto de empresas".

Otra de las enmiendas obligará a las empresas a publicitar los números de telefonía fijos asociados a los números especiales 901 y 902 en todos los soportes de información comercial que manejen. Aunque el Congreso ya había aprobado en junio de 2010 una Proposición no de Ley en este sentido, entienden que "el Gobierno no ha hecho nada al respecto en un año" y, por ello, quieren "garantizar el cumplimiento de dicho mandato elevándolo a rango de Ley".

Además, se ha presentado una enmienda por la que, en el transcurso de la presentación telefónica de una queja, reclamación o incidencia, el operador deberá solicitar autorización al cliente para informarle de ofertas comerciales de otros productos o servicios de la misma empresa.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por último, el Grupo Parlamentario Popular ha apostado por ampliar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, subsanando, a través de sus enmiendas, algunas lagunas e importantes olvidos que tenía el Proyecto de Ley en materia de accesibilidad y de igualdad de oportunidades.

Así, se ha propuesto que el artículo 14 del proyecto señale que "la información que se facilite y, en general, los servicios de atención al cliente, bajo cualquier formato, deben ser siempre accesibles a las personas con discapacidad".

Para ello, deberán tenerse en cuenta las necesidades específicas de los distintos tipos de discapacidad, prestando "especial atención a la eliminación de barreras de comunicación que afecten a personas con discapacidad visual y auditiva, poniendo a disposición los medios alternativos que sean precisos".