Los populares han rechazado este miércoles con sus votos encomendar al Consello de Contas una auditoría específica sobre la sostenibilidad del Servizo Galego de Saúde (Sergas) --como pedían PSdeG y BNG-- en base a que ya hay "suficientes mecanismos internos de control" y que, además, el Consello de Contas "ya audita" cada ejercicio las cuentas del departamento sanitario.
El diputado popular Miguel Santalices fue el encargado de defender la postura de su grupo, en relación a una iniciativa presentada por el PSdeG --que finalmente aceptó una enmienda de sustitución registrada por el BNG--, y las críticas que lanzaron el parlamentario socialista Modesto Pose y la nacionalista Ana Luisa Bouza a la gestión sanitaria de la Xunta.
En concreto, Pose ha recordado que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, denunció la existencia de una deuda sanitaria oculta por valor de 15.000 millones de euros y ha defendido la necesidad de abordar "con luz y taquígrafos" la situación del Sergas para contrastar las palabras del jefe del Ejecutivo gallego, extremo con el que coincidió Ana Luisa Bouza.
"Feijóo ha puesto varias veces sobre las mesa dudas sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, por eso esta iniciativa es de interés, cuando se hacen este tipo de declaraciones deben estar respaldadas por unos datos y, si no es así, habrá que disculparse por alarmar innecesariamente", ha esgrimido la nacionalista.
Por su parte, Miguel Santalices se ha reafirmado en que hay mecanismos internos "más que suficientes" para hacer el control requerido y que la economía "no está" para otro tipo de auditorías. Del mismo modo, ha defendido la "coherencia" del discurso de Feijóo y ha incidido en que "todos los informes" publicados concluyen que el sistema "arrastra" una deuda de 15.000 euros.
CATÁLOGO DE FÁRMACOS
En el marco del debate sobre la sostenibilidad del sistema, el diputado popular ha denunciado, además, la "irresponsabilidad" en las actuaciones del Gobierno central, ejemplificando con los "ataques" a la Xunta y, especialmente, con el recurso a la ley que dio lugar al catálogo priorizado de fármacos.
Dicho esto, ha celebrado el auto del Tribunal Constitucional (TC) que determina el levantamiento de su suspensión y que, según el popular, "tira por tierra" los argumentos de los socialistas y del Gobierno central. "Pone sensatez a la insensatez de un Gobierno que ataca a Galicia", ha apuntado, para insistir en que la titular de la cartera estatal de Sanidad, Leire Pajín, debería "dimitir".
"Y ya le avanzo que plantaremos batalla y dura si la irresponsable de la ministra de Sanidad toma la decisión de transferir a una comunidad la propiedad de unos hospitales que ahora son propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social", ha añadido, antes de dar las gracias a los servicios jurídicos de la Xunta y del Parlamento por haber "creído" en la ley de racionalización del gasto farmacéutico y haberla "defendido con sabiduría".
"No se suba tan arriba, porque mañana puede tener que rectificar", ha aconsejado a Santalices el portavoz socialista en el debate, Modesto Pose, quien ha incidido en que el TC no se pronunció sobre el "fondo" de la cuestión.
Del mismo modo, Pose se ha reafirmado en que la Xunta "miente" cuando alude al ahorro que permite el catálogo de fármacos y, en la línea de lo manifestado por su jefe de filas, Manuel 'Pachi' Vázquez, ha insistido en que Galicia no ahorra más que otras comunidades que aplican las medidas de racionalización del gasto del Sistema Nacional de Salud (SNS).
MODELO PFI
Por su parte, la nacionalista Ana Luisa Bouza ha incidido en que lo que "pone en peligro" la sostenibilidad del sistema sanitario es el uso de la fórmula denominada PFI --Private Finance Initiative-- para el impulso de infraestructuras hospitalarias, como el nuevo hospital de Vigo. "El PFI es deuda, aunque se pinte de otra forma, y es un sistema fracasado", ha añadido, ejemplificando con su aplicación en Inglaterra.
No en vano, su enmienda de sustitución a la iniciativa del PSOE incide en que la auditoría específica que se solicita debería hacer "una especial consideración" del impacto sobre el nivel de endeudamiento asumido por el Sergas "a medio y largo plazo" por la decisión de financiar nuevas infraestructuras sanitarias por este modelo de financiación.