La Policía Nacional y la Guardia Civil que se les alerte sobre los condenados por delito sexual que queden en libertad, al igual que se hace con este tipo de delincuentes cuando ingresan desde fuera en nuestro país.

Según explican los agentes, Interpol puede avisar de la llegada de un pederasta británico a España y se le puede someter a una vigilancia discreta durante su estancia. Sin embargo, a los pederastas españoles no se lo pueden hacer "porque no se nos informa de que quedan en libertad", apuntan las autoridades en el diario ABC.

Los agentes reclaman acceso a esa información como ocurre, por ejemplo, en casos de violencia de género. "No es asumible que maten a un niño, y menos que lo haga alguien con el perfil del pederasta de Lardero", explicaba un agente en declaraciones al mismo rotativo.

El presunto asesino del pequeño Álex en la localidad riojana de Lardero, Francisco Javier Almeida, había agredido sexualmente a una menor de 13 años y asesinado y violado a otra mujer de 26 años con anterioridad. Las autoridades no fueron alertados sobre su puesta en libertad.

La legalidad se ha cumplido, como el seguimiento de las medidas de libertad condicional, pero no ha impedido que se cometa un nuevo crimen. Las autoridades piden soluciones ante este tipo de delincuentes. "Si controlamos a los agresores sexuales del extranjero ¿por qué no podemos controlar a los españoles?", se preguntan.

Tras la aprobación de la ley que modificó el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en 2016, el Ministerio del Interior dictó la instrucción 8/2016, que suponía la ampliación de una orden previa "sobre medidas policiales para un mejor control de individuos extranjeros condenados o detenidos por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales".

El objetivo era y es evitar turistas depredadores sexuales sin control. Para ello se propuso priorizar el evitar que un sospechoso de violación o acoso de menores entre en España sin someterse a una vigilancia "específica". Vale con tener antecedentes policiales, aunque no haya condena.

Los agentes, en estos casos, parten del "riesgo de reincidencia", ya que hablamos en muchas ocasiones de depredadores seriales. No son muchos casos, pero se les vigila, según han confirmado ambos cuerpos. La Guardia Civil intervino en el caso de un delincuente sexual en Almería tras la alerta de Interpol: avisaron a unos padres que iban a contratarlo después de que este se ofreciera para dar clases de inglés a niños.

El procedimiento de actuación se activa, según la orden de Interior, cuando se recibe información de los tres principales canales de cooperación internacional, como son Interpol, Europol o Sirene. Se informa de los datos del sospechoso y su plan de viaje al detalle. El señalamiento se inscribe en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales y se procede a la vigilancia discreta, según el perfil del individuo. Ante la duda, los agentes actúan. El sospechoso estará bajo control si trata de cometer una agresión sexual.

El riesgo de reincidencia y su capacidad para pasar desapercibidos son los factores más determinantes. La rehabilitación de los agresores sexales es un debate complejo. La estadística dice que, en general, nueve de cada 10 agresores sexuales se rehabilitan con terapias en prisión. Pero los expertos precisan que esa estadística engloba a todos los condenados por algún tipo de delito sexual, no distingue a los llamados depredadores seriales.

Las tasas dicen que un 10% reincide. "Hay perfiles de sujetos con alto potencial de riesgo delictivo criminológico", subraya sobre la cuestión Bernat-N. Tiffon, especialista forense. Un juez puede establecer medidas de control para estos delincuentes como la libertad vigilada. En cambio, a diferencia de otros países, no es legal en España informar a los vecinos de la presencia en el barrio de un violador o pederasta conocido.

El presunto asesino de Lardero cumplió la mayor parte de su condena en la cárcel de El Dueso. Se sometió al Programa para el control de la agresión sexual (PCAS) que durante este año siguen 356 presos condenados. La división la Junta de Tratamiento fue considerable.

Los programas de rehabilitación son voluntarios cuando el preso está condenado y suelen durar en torno a dos años y medio, dado que estos delincuentes acumulan condenas largas. En caso de que se trate de delitos menos graves como abusos, el juez puede imponer la suspensión de la pena y en ese caso el programa sí es obligatorio, junto a otras medidas.

En el caso de Francisco Javier Almeida se le pudo poner una pulsera de control telemático para saber dónde estaba. Tal vez de esta forma se habría alertado de que vivía frente a un colegio y al lado de un parque. Estas circunstancias pasaron por alto en el seguimiento de la prisión. Nadie se opuso a su libertad condicional hace 18 meses, pese a algunos informes contrarios.