Seiscientas mil personas trabajan en España en lo que ha venido a llamarse economía de plataformas, una nueva manera de ganarse la vida que, según denuncian los sindicatos, precariza el empleo, saltándose el derecho laboral, y que en muchas ocasiones incurre en competencia desleal.

Jóvenes, parados de larga duración e inmigrantes (colectivos con dificultades para encontrar un empleo) acuden a la llamada de este tipo de plataformas que, denuncian los expertos, disfrazan la flexibilidad de autonomía y les obligan a hacerse autónomos; de manera que corren con los gastos que deberían pagar las empresas que están detrás de estas plataformas.

Cada vez son más y ofrecen más servicios a través de internet. Varias sentencias judiciales obligan ya a las más conocidas, como Glovo y Deliveroo, a contratar a sus empleados, pero el negocio se ha extendido a otros muchos sectores.