La Fiscalía de Madrid solicita seis meses de prisión para Ángel Hernández, el hombre que en abril de 2019 ayudó a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, a morir. Le acusan de un delito de cooperación al suicidio, pese a que en su escrito de acusación el fiscal subraya que la mujer expresó de forma “constante” su deseo de acabar con su vida por los “intensos” dolores “más allá de lo que podía soportar” por la enfermedad crónica que sufría.

Su marido, “desamparado por la falta de ayudas institucionales”, apunta, cumplió con los deseos de su esposa. Por eso, si bien le imputa el citado delito de cooperación al suicidio, también anuncia que “para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto, el Ministerio Fiscal, atendidas las circunstancias concurrentes en el presente caso, emitirá informe favorable”.

Las últimas palabras de María José, grabadas en vídeo por ellos mismos en una súplica por “el buen morir” y la despenalización de la eutanasia, dejaban claro su deseo: “A mí no me llegó la eutanasia, que sea para los demás”.

Llevaba 30 años sufriendo la esclerosis múltiple y para ella vivir era un auténtico calvario que no podía seguir soportando. Por eso, en el vídeo expresaba su voluntad y consentimiento expreso para que su marido, –quien siempre permaneció a su lado apoyándola y dándola cariño–, la ayudase a acabar con su vida.

El caso, que generó una gran conmoción social, reavivó el debate de la eutanasia en España y adquirió una enorme repercusión mediática. Máxime cuando, tras todo ese debate generado alrededor del suceso, se conoció que el caso iba a pasar a un juzgado de violencia de género, algo que terminó por ahondar en el dolor que ya sufría Ángel desde el adiós de su esposa, y le sumió en la rabia y la indignación. De hecho, en declaraciones al medio NIUS, deja claro que “más que lo seis meses de cárcel que piden” lo que le duele es “que lo consideren violencia de género”.

A este respecto, la petición de la Fiscalía de Madrid llega después de que la juez de Violencia sobre la Mujer número 5 haya concluido la causa. En este caso, la Fiscalía de Madrid se opuso a que encajara en un delito machista al no existir un contexto de "dominación y discriminación " del hombre sobre la mujer.

Preguntado al respecto de la decisión del fiscal, Ángel cuenta en NIUS que tiene “sentimientos encontrados”: “En el momento en el que me he enterado, la verdad es que me he puesto contento. Lo he recibido como una buena noticia y es de agradecer. Que no se opongan al indulto es algo muy positivo. Pero yo creo que con el tiempo lo que habría que hacer es que casos como el mío no sean punibles. […] Estoy agradecido que la Fiscalía diga que no se opone al indulto, pero por otro lado me duele que pidan pena de cárcel y que pueda ser punible un acto de amor como el que yo tuve con María José”, cuenta.

En este sentido, denuncia en NIUS: “Lo que más me duele, mucho más que lo que piden de prisión, es que el caso siga estando en los juzgados de Violencia de Género. Eso es lo que me martiriza. Cualquiera que nos haya conocido a María José y a mí sabe que en nuestra pareja había de todo menos violencia de género”.

El Código Penal contempla que, en casos como el de Ángel, el delito de cooperación al suicidio puede estar penado con hasta 10 años. Sin embargo, el fiscal precisa que en este caso concurren las atenuantes de confesión y parentesco, relatando que en 1989 María José, la esposa del acusado y con quien mantenía una relación sentimental desde 1982, fue diagnosticada de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), "una enfermedad crónica degenerativa e incurable".

Cinco años más tarde le fue reconocida un grado de discapacidad del 82%, y en 1996 le concedieron la Gran Invalidez. "A partir de ese momento, necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria. Por ese motivo Hernández solicitó una reducción de jornada laborar para atenderla", manifiesta la Fiscalía.

En 1999, el acusado se acogió a una excedencia laboral y, a partir de ese momento, "se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer". Durante varios años la pareja realizó una "fuerte" inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda para facilitarle la estancia.

Además, en ese proceso se instaló incluso un equipo medicinal en el domicilio mientras que al mismo tiempo la mujer sufría un deterioro físico progresivo a consecuencia de la enfermedad, si bien, mantuvo siempre "íntegras" sus capacidades cognitivas.

A partir 2007, como expone la Fiscalía, Ángel comenzó a solicitar "reiteradamente" a las administraciones públicas ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer. Como ejemplo, ese mismo año reclamó una Residencia Especifica para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, "denegándosela la Consejería de Familia y Asuntos Sociales".

Dos años más tarde, el Tribunal médico de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia reconoció a la fallecida el nivel I, grado III de Gran Dependencia, así como el derecho al Servicio de Atención Residencial.

"Sin embargo y pese al reconocimiento, nunca se le llegó a prestar el servicio reconocido, siendo Hernández la persona que tuvo que asumir él solo todas las responsabilidades del cuidado, lo que le generó un profundo sentimiento de desamparo y abandonó" explica el representante del Ministerio Público.

A partir de 2014, "en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias de ello", la mujer exteriorizó, y no solo a su marido sino también a otras personas, su deseó acabar con su vida.

Por ello, relata la Fiscalía, contactaron con la asociación 'Derecho a Morir Dignamente' donde recibieron asesoramiento. "Aun a pesar del avance de la enfermedad, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento", recalca el fiscal.

Sin tener constancia de la fecha determinada, pero antes de 2018, la fallecida, "que aun podía usar sus manos", compró a través de Internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, "lo guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo".

Mientras, el estado de María José empeoró todavía más, "sufriendo intensos dolores; más allá de los que podía soportar". En agosto de 2018 la mujer entró en cuidados paliativos y desde ese momento sufrió múltiples ingresos hospitalarios.

"También desde esa fecha, las peticiones de María José de poner fin a su vida dignamente fueron constantes. Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea)", precisa el escrito de acusación.

Así, la Fiscalía recuerda que la última vez que la fallecida fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019 y que "en ese momento solo podía comunicarse con monosílabos, pero comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas".

En este contexto, "incapaz de seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales, y por las peticiones continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta, Hernández decidió finalmente ayudar a María José a poner fin a su vida".

Así que, "consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico y que ella, por su estado, no podía hacerlo sola", consensuó con aquella la forma en que la ayudaría.

De este modo, como había acordado la pareja, sobre las 10:00 horas del día 3 de abril del 2019, "estando solos en su domicilio, Ángel, con la intención de cumplir el deseo de María José, que estaba inmovilizada en su cama, vertió el pentobarbital sódico que tenían en un vaso con una pajita y se lo acercó a la boca, siendo Carrasco la que lo ingirió con la pajita.

A los 10 minutos el pentobarbital sódico provocó la muerte de María José por una intoxicación aguda que provocó una depresión respiratoria y neurológica en ella".

Nada más producirse el fallecimiento, el acusado llamó sin dilación a emergencias para contar lo que había ocurrido. Esperó en el domicilio a la llegada de una dotación Cuerpo Nacional de Policía, a los que le contó exactamente lo que había hecho.

Inmediatamente, Ángel fue puesto a disposición judicial el día 4 de abril y allí, "no solo relató todo lo ocurrido, sino que además aportó toda la documentación y videos sobre los hechos que tenía en su poder. Documentos estos, que redujeron muy notablemente, las gestiones para el esclarecimiento de los hechos"