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La pareja acusada de haber incendiado la vivienda social en la que residían con cinco hijos en el casco histórico de Jaén para poder cobrar el seguro que previamente habían contratado ha rechazado ante el tribunal haber tenido algo que ver con el origen del fuego en el que resultaron heridas cinco personas.
"No sé cómo se produjo el fuego", ha reiterado al tribunal la acusada, de 38 años, que ha negado haber contratado el seguro con el fin de cobrar la indemnización. "Nos lo ofreció el de los muertos y lo hicimos", ha dicho A.C.M. refiriéndose a la contratación del seguro. En la misma línea, se ha pronunciado el que en el momento de los hechos era su pareja, J.M.V., y que también está acusado en esta causa.
La mujer ha asegurado que ella se marchó a llevar a los niños al colegio y que cuando regresó ya salía el humo por todas partes y lo único que pudo hacer fue refugiarse en la casa de una vecina.
La persona que les hizo el seguro también ha declarado en la vista y ha señalado que fueron los acusados los que se interesaron por hacerlo y no como han sostenido los procesados que fuera la compañía la que se lo ofreciera.
Los hechos enjuiciados se remontan al 7 de noviembre de 2018 cuando, según relata el Ministerio Fiscal en el escrito, los acusados, él, de 45 años, y ella, de 38 años, "antes de marcharse del piso provocaron en el salón de la casa y a ras del mismo, mediante la aplicación directa de llama y a través de algún mecanismo de retardo, tres focos primarios de fuego distintos y separados que determinaron que se iniciara un incendio en el salón prendiendo los muebles que allí se encontraban".
Los acusados habitaban este piso de la calle Hornos Negros "en situación de precario, sin abonar cantidad alguna al tratarse de una vivienda social gestionada por el Ayuntamiento de Jaén en régimen de alquiler".
La Fiscalía ha mantenido durante el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén que los dos procesados "puestos de común acuerdo, animados de lucro ilícito y como parte de un plan previamente concebido" habían contratado dos meses antes del incendio una póliza de hogar sobre el citado piso "con amplias coberturas, entre ellas el incendio y un importante capital asegurado tanto en lo referente al continente como al contenido".
Los procesados abonaron, como pago anual de la póliza de hogar suscrita, 148,13 euros y ello, según hace constar el Ministerio Fiscal, "a pesar de que la situación económica de los mismos era de
extrema necesidad, pues ninguno trabajaba y convivían con cinco hijos". De esta forma, los acusados pudieron cobrar 7.312 euros del seguro.
El humo que se extendió por la caja de la escalera común llegando a otros pisos del mismo rellano, inferiores y superiores, produciendo numerosos desperfectos y "evitándose otros daños y lesiones por la pronta intervención de los bomberos".
No obstante, si hubo daños personales y se contabilizaron cinco personas heridas de diversa consideración. Uno de los heridos por politraumatismo fue un trabajador que acudió con su escalera para ayudar a evacuar a los vecinos de la primera y segunda planta que no podían salir por el portal como consecuencia del humo generado en la planta baja.
En un primer momento, agentes de la Policía Local realizaron una evacuación de urgencia utilizando para ello la escalera de unos operarios de una compañía eléctrica que trabajaba en las inmediaciones. La escalera se colocó encima del techo de la furgoneta para ganar altura y ayudar a los vecinos a abandonar el inmueble.
En el proceso de evacuación de estas personas, una de ellas, con un peso superior a los 150 kilos, perdió el equilibrio y se precipitó cayendo accidentalmente sobre el operario que estaba colaborando con la evacuación y auxiliando a las personas que bajaban por la escalera apoyada en el techo de la furgoneta.
Con el impacto, el operario salió despedido del techo de la furgoneta y cayó sobre la acera golpeándose con el bordillo en la cabeza. Además, como consecuencia del humo hubo que desalojar el patio colegio San Vicente de Paúl.
Por su parte, los peritos han confirmado que el incendio no fue accidental y que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, había tres focos "distintos y separados".
Los vecinos que tuvieron que ser desalojados han declarado que a día de hoy el inmueble sigue afectado por el incendio ya que no se ha podido hacer ninguna reparación a expensas de que el la justicia decida qué es lo que verdaderamente pasó. De hecho, una de las vecinas ha declarado que tras no poder regresar a su casa, ahora la tiene con "okupas", mientras que ella ha tenido que alquilarse una vivienda.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de incendio, un delito de estafa, y dos delitos de lesiones --uno de ellos leve--. Por todos ellos, le reclama al acusado seis años y nueve meses de cárcel, mientras que a ella, por reincidencia en el delito de estafa, la petición de penas se eleva hasta los siete años y diez meses de cárcel. Finalmente, el Ministerio Público ha rebajado de diez años y medio de cárcel a cinco años y medio su petición de penas por el delito de incendio.
Al margen de la pena de cárcel, Fiscalía les reclama una multa de 90 euros y abonar un total de 80.134 euros a todos los perjudicados por el incendio en concepto de responsabilidad civil.
El juicio ha quedado visto para sentencia.