Además, un nuevo estado (Nuevo México) derogó el castigo sumándose a los 36 que lo aplicaban regularmente hasta 2008 declinando de manera paralela el número de condenados que esperan ejecución en los corredores de la muerte, manifestó CIPM.

Asimismo, otros 11 estados iniciaron el estudio de propuestas para derogar el castigo cuya aplicación ha sido repetidamente criticada por grupos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.

Según la organización detractora de la pena de muerte, el número de condenas este año totalizará 106, lo que constituye una reducción en comparación con las 328 de 1994.

Eso significó que el número de convictos que esperan ejecución también descendiera de 3.307 el año pasado a 3.279 en 2009.

Desde que el Tribunal Supremo de Justicia restableció la pena de muerte en todo Estados Unidos, el total de ejecutados llegó este año a 1.188 y los estados más implacables han sido Texas, con 447 ejecuciones; Virginia, con 105, y Oklahoma, con 91.

Este año se realizaron 24 ejecuciones en Texas (18 en 2008) y 3 en Virginia (4 el año pasado).

En 2009 sólo se efectuaron 52 ejecuciones, 15 más que en 2008, pero menos que las 98 llevadas a cabo en 1999, la mayoría de ellas mediante la inyección letal.

Según explicó CIPM, el incremento se debió a que muchas ejecuciones se postergaron en 2008 cuando el Supremo decretó una moratoria de 4 meses para resolver la controversia sobre el uso de la inyección letal, considerado inconstitucional por algunos detractores del castigo.

Esos opositores afirman que la pena de muerte se aplica en una mayor proporción a condenados negros y principalmente en los estados del sur del país.

Asimismo, señalan que muchas condenas han sido resultado de errores en los juicios en los que muchos de los acusados no contaron con una defensa competente porque carecían de medios para pagar a abogados expertos.

Otro factor que incidió en la menor aplicación de la pena de muerte fue que nueve hombres fueron exonerados y puestos en libertad en 2009, el número más alto desde 1976, dijo CIPM.

En marzo de este año el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, derogó la pena de muerte tras señalar que no podría vivir tranquilo con su conciencia si se llegase a demostrar que se había ejecutado a un inocente en su estado.

Además, manifestó que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra era un "poderoso castigo" y que el costo cada vez mayor de la pena de muerte constituía "una razón válida en esta era de austeridad" para derogarla.

CIPM también recordó una encuesta realizada este año a jefes de policía de importantes ciudades del país, quienes manifestaron que la pena de muerte era la última de sus prioridades en los esfuerzos por reducir la criminalidad.

Según la organización, los jefes policiales indicaron que la pena de muerte no es un factor disuasivo contra el asesinato y se trata de una de las formas más ineficientes de gastar dinero de los contribuyentes para luchar contra el crimen.

Además, CIPM dijo que la mayoría de los expertos en criminología coincide en que la pena de muerte no ayuda a reducir el número de asesinatos.

"Mantener un sistema con casi 3.300 personas en los corredores de la muerte mientras se siguen realizando juicios de resultado impredecible es cada vez más oneroso y difícil de justificar", expresó CIPM.

Añadió que durante ese año muchos legisladores han llegado a la conclusión de que el dinero que se gasta para preservar el fracasado sistema (de la pena de muerte) debería mejor asignarse a programas eficaces que hagan que la sociedad sea más segura.