El número de personas ejecutadas en todo el mundo se redujo en casi un tercio en 2018, cayendo a su nivel más bajo en 10 años. Se ajusticiaron a 2.531 personas. Según Amnistía Internacional la pena de muerte pronto quedará relegada "al rincón de la historia".

"El drástico descenso de las ejecuciones demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a cambiar sus prácticas y a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución", ha subrayado el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo.

Según los datos recopilados por la ONG, sin contar a China que cada año ejecuta a miles de personas pero no ofrece datos oficiales, en 2018 hubo al menos 690 ejecuciones, frente a las 993 contabilizadas en 2017. El retroceso ha sido muy importante en Irán, segundo país con más ajusticiados, con al menos 253 en 2018, un 50% menos que el año anterior.

En la lista de los principales ejecutores le siguen Arabia Saudí, con 149 ejecutados; Vietnam, con 85 --el país publicó datos oficiales en "un gesto sin precedentes" en 2018--; e Irak, con al menos 52 y donde las ejecuciones se multiplicaron por cuatro. En el caso de Pakistán, las ejecuciones cayeron un 77 por ciento (de 60 en 2017 a 14). Los cinco primeros países, excluyendo a China, acumulan el 78 por ciento de las ejecuciones en 2018.

Además, durante el último año se contabilizaron al menos 2.531 condenas a muerte en un total de 54 países, un "ligero descenso" con respecto a las 2.591 contabilizadas en 2017. En cuanto a los métodos más utilizados, según la ONG, fueron decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento, mientras que en Irán se tiene constancia de dos casos de lapidación.

Naidoo ha admitido que "las buenas noticias de 2018 se han visto empañadas por el hecho de que un reducido número de estados haya decidido, para su vergüenza, ir en contra de la tendencia general". Así, Amnistía ha detectado un aumento de las ejecuciones en Bielorrusia --con cuatro ejecutados--, Estados Unidos --con 25 ejecuciones y único país americano en aplicar la pena capital--, Japón --con 15 ajusticiados, frente a cuatro en 2017--, Singapur --con 13-- y Sudán del Sur.

Además, Botsuana, Sudán, Tailandia y Taiwán reanudaron las ejecuciones, que en el caso de Tailandia llevaban sin aplicarse desde 2009. Por su parte, el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha expresado su intención de reanudar las ejecuciones tras 40 años de moratoria y el pasado febrero se publicó un anuncio para buscar verdugos.

"En Japón, Singapur y Sudán del Sur se registraron los niveles más altos de ejecuciones desde hacía años, y Tailandia reanudó las ejecuciones después de casi 10 años", ha destacado el secretario general de la ONG, que considera que, "sin embargo, esos países constituyen una minoría menguante".

"Reto a todos los países que aún recurren a la pena de muerte a actuar con valentía y poner fin de inmediato a ese aberrante castigo", ha conminado.

Uno de los últimos países en abolir esta práctica en su nuevo Código Penal ha sido Burkina Faso, que lo hizo el pasado mes de junio, mientras que Gambia y Malasia declararon sendas moratorias de las ejecuciones en febrero y julio de 2018. A esto se suma que en octubre el estado de Washington, en Estados Unidos, declaró inconstitucional su estatuto de pena de muerte.

"Lenta, pero firmemente, se va fraguando un consenso internacional respecto a poner fin a la pena de muerte", ha insistido Naidoo, que ha recordado que "Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña por el fin de las ejecuciones en todos los países". Sin embargo, ha admitido, "con más de 19.000 personas consumiéndose hoy en el corredor de la muerte, la lucha está lejos de acabar".

"Desde Burkina Faso hasta Estados Unidos, se están tomando medidas concretas para abolir la pena capital. Es hora de que los demás países sigan su ejemplo", ha reivindicado el máximo responsable de Amnistía. Según la organización, a finales de 2018 había 106 países en el mundo que habían abolido por ley la pena de muerte para todos los delitos y 142 que la habían abolido en la ley o en la práctica.

"Queremos que todas las personas vivan en sociedades seguras, pero las ejecuciones nunca son la solución. Con el apoyo continuado de la población mundial, podemos, y lograremos, poner fin de una vez por todas a la pena de muerte", ha remachado.

En la actualidad, según ha recordado Amnistía, hay tres españoles condenados a muerte en el mundo. En el caso de Pablo Ibar, el Tribunal Supremo de Florida (Estados Unidos) anuló en febrero de 2016 su condena a muerte pero el pasado enero volvió a ser declarado culpable y la ONG no descarta que se le imponga la pena capital, o en su defecto la cadena perpetua.

El segundo caso es el de Artur Segarra, condenado a muerte en Tailandia en abril de 2017 por asesinar al también español David Bernat, mientras que el tercero es Ahmed el Saaday Ghaly, que tiene nacionalidad española tras haber vivido más de 20 años en España. En su caso, fue condenado a muerte en Egipto por asesinar a su cuñado en diciembre de 2016 y, según la ONG, no tuvo abogado a su disposición y fue amenazado con que su familia sería torturada en caso de que no obedeciese.