Pedro Martínez, médico, ante el repunte de muertes en las cárceles: "Falta la mitad de la plantilla"

Pedro Martínez Sánchez es médico. Desde hace 35 años ejerce en el centro penitenciario Ocaña II, un trabajo vocacional al que llegó de forma casi accidental. Empezó su labor en esta cárcel de Toledo en el área de vigilancia mientras lo compaginaba con los estudios de Medicina. Hasta que terminó la carrera, se licenció y se convirtió en el médico de referencia de este penal.

A punto de jubilarse, ve cómo este servicio se ha ido deteriorando durante la última década. No sólo en su centro. En todas las cárceles españolas la situación es muy parecida: la mitad de las plazas de médicos no están cubiertas, falta personal, los trabajadores sanitarios se ven desbordados, mientras los internos ven degradarse su salud desde el momento en el que ingresan.

Pregunta: ¿Cómo fueron tus principios?

Respuesta: Había mucho problema de drogas y muchos fallecimientos por el VIH, que entonces se llevaba a la gente en un abrir y cerrar de ojos. Pero la administración tomó medidas y durante bastantes años teníamos una forma de trabajo muy digna, decente, en condiciones muy buenas tanto profesionales como económicas.

Entonces se creó una Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y desde sus comienzos vimos que no podíamos seguir aislados, que debíamos integrarnos en el sistema sanitario público nacional. No tiene sentido hacer guetos, no favorece a la sanidad, ni a las personas ingresadas. Lo bueno que tiene este trabajo es que tienes a los pacientes cerca y ves los resultados directamente.

P: ¿Desde prisiones entonces ayudasteis a contener la propagación del VIH en España, fuisteis un foco de contención?

R: Había muchas personas que, por sus circunstancias personales y sus problemas de vida, no habían tenido nunca una atención sanitaria. Lo conocieron estando presos. A partir de entonces regularizaron su vida y sí que han contribuido.

Cuando alguien entra en prisión, se le ofrece voluntariamente una analítica para saber cómo está, si está infectado por VIH, hepatitis C o cualquier otra patología de riesgo. Prácticamente el 100% de la población reclusa sabe desde que entra si está infectada o no, una labor pública muy importante, que sólo se hace aquí. Si tú controlas la infección aquí y las personas tienen unos hábitos de tratamiento, los van a seguir en la calle.

Igual que las enfermedades mentales -que hay muchas en prisión- o los problemas de drogas, si aquí se encauzan es mucho más fácil que continúen cuando salgan. Hacemos una labor muy importante de salud pública. Eso es lo que venimos haciendo todos estos años.

P: ¿Cómo es vuestro día a día?

R: Cuando una persona ingresa en la cárcel se le hace un primer examen. Una valoración de cómo está en ese momento pero nosotros no tenemos acceso a los informes de otros médicos. Yo no sé nada de esa persona. Sólo puedo evaluar lo que veo y lo que me cuenta, pero no tengo más herramientas.

Después no hay exámenes periódicos ni un control de esos pacientes por falta de tiempo. La mayoría de los internos ha llevado una vida desordenada, con pocas pautas de higiene y de salud, problemas psiquiátricos o consumo de drogas. Si fuera de la cárcel la población tiene unos índices en determinadas enfermedades infectocontagiosas, VIH, enfermedades mentales o problemas con las drogas, aquí esos índices son más elevados, están más concentrados.

Por eso la salud de estas personas empieza a deteriorarse desde que entran en la cárcel. Pueden estar condenados por haber cometido delitos pero no puedes hacer que su estado de salud se degrade por una falta de controles periódicos.

Hay muchos internos que tienen lo que se conoce como patologías duales: son toxicómanos y ademas presentan problemas mentales. Estos pacientes requieren mucho tiempo de atención pero no lo tenemos.

Al final nos limitamos prácticamente a atender las urgencias del día a día. Hay urgencias vitales, como las sobredosis -algo típico en una cárcel-, un infarto, una subida de azúcar, una hipertensión, epilepsia, agresiones, peleas, etc. Pero además tenemos que atender las urgencias regimentales, otra de nuestras funciones: los médicos de prisiones debemos ser una especie de notarios para dar fe de que los funcionarios del Estado desempeñan correctamente sus labores.

Me explico: si alguien ingresa en aislamiento por una pelea, el médico debe verle urgentemente para ver si está en condiciones de cumplir esa sanción o no; si hay un preso de nuevo ingreso, tenemos que verle para valorar si puede estar solo o debe estar acompañado en la celda y eso en sólo un momento; si alguien comunica con sus familiares y creen que puede pasar droga, debemos evaluar si se le solicitan pruebas radiológicas para ver si tiene cuerpos extraños en su interior; si alguien se autolesiona debemos hacer una cura y un estudio psiquiátrico para ver cómo se encuentra.

Son procedimientos en los que los médicos debemos dar el visto bueno y pueden ser en cualquier momento: hay presos que ingresan a las doce de la noche voluntariamente para que nadie les vea ni lo sepan sus familiares, o llegan conducciones y hay que ver a los internos para certificar que no les ha pasado nada durante el trayecto. O por ejemplo, se hace un traslado de un centro penitenciario a otro, pues a ese recluso debe verle un médico a la salida y otro a la entrada de la cárcel.

Yo me pregunto, ¿qué debemos garantizar? ¿que a ese preso no le ha pegado la Guardia Civil durante el traslado?. Otro ejemplo: un recluso que es llevado a aislamiento, debemos realizar un parte para determinar si tiene lesiones que pudieran haber sido provocadas por los funcionarios. ¿Debemos certificar si hacen bien su trabajo?. En el supuesto de que hubiesen tenido que reducirle, estos trabajadores siempre lo comunican y lo reflejan en un parte. ¿A que cuándo la Policía detiene a una persona y la reduce no lleva detrás a un médico para ver cómo lo hacen?

El Defensor del Pueblo nos pide que desempeñemos esta tarea pero los médicos creemos que no debemos estar mirando cómo trabajan otros funcionarios del Estado porque les pagan y se supone que lo hacen bien. Es una forma de descargar responsabilidades bajo nuestra firma. Eso nos lleva a hacer trabajos en muy poco tiempo y eso conlleva el riesgo de que a veces nos equivoquemos.

P: ¿Cómo ha cambiado la situación?

R: Lamentablemente todo ha ido a peor. Ahora mismo hacemos lo que podemos, por muchos motivos. Tenemos las plantillas con un 50% del personal necesario, y en la media de edad supera los 50 años. En muchas prisiones sólo hay un médico.

Como cualquier médico de atención primaria, tienes unas consultas programadas pero no las puedes atender. Yo podría estar jubilado pero tengo mucho que hacer aquí. Actualmente en el penal de Ocaña somos tres doctores contratados. Uno hace el turno de tarde y otro el de mañana. Y hay otra compañera a punto de jubilarse, que ha pasado un tiempo de baja y no puede atender las guardias.

Hay prisiones con muchos módulos y las consultas a demanda se van dilatando cada vez más en los tiempos, trabajamos en la escasez. En algunos centros, como en el de Picassent (Valencia), debería haber 26 médicos en plantilla y ahora sólo hay cinco. Eso hace que sólo se pueda pasar consulta una vez a la semana o cada dos semanas, incluso

Además informáticamente estamos en el siglo pasado. Tenemos ordenadores pero sólo nos valen para conectarnos con otras prisiones, porque continuamos fuera del sistema sanitario público de las comunidades autónomas. Por ejemplo, enviamos a un interno a hacerse una radiografía a un centro de especialidades o le hacemos una analítica dentro de prisión y enviamos la muestra al hospital.

La diferencia está en que el médico de cabecera al día siguiente puede ver los resultados pero nosotros tenemos que esperar a que nos lo impriman en papel, que alguien lo vaya a recoger y nos lo envíe. Eso, en caso de las analíticas puede llevar un retraso de 15 días hasta un mes y en el caso de pruebas radiológicas (radiografías, ecografías, resonancias), podemos estar esperando hasta tres o cuatro meses.

P: ¿Y si el caso parece grave o no se puede atender en la cárcel?

R: Si es grave, el interno va a urgencias a un hospital. Pero además, a veces no hay médicos en la cárcel y los enfermeros no pueden valorar estas patologías, lo que incrementa el número de urgencias hospitalarias.

Los traslados los debe hacer Guardia Civil, las pruebas son caras y si el recluso se queda ingresado allí debe quedar escoltado por Policía Nacional, en detrimento de la seguridad pública. Todo eso son gastos. Salga de la partida de prisiones, el Ministerio del Interior o la factura del hospital lo paga Hacienda, lo pagamos todos. Entonces ¿qué es más barato esos gastos unos días o un médico al mes? pues tener un médico, evidentemente. Por lo menos que se den cuenta de que es una inversión, les trae a cuenta invertir en sanidad.

P: ¿Cuál puede ser la causa de la falta de personal sanitario en prisiones?

R: Este año han salido 35 plazas. Sólo 17 médicos se han presentado a la oposición. De ellos sólo 7 aprobaron, pero al final han aceptado el puesto 4 personas, mientras el resto de las plazas continúan vacantes.

Esto es por dos motivos: por un lado, económicamente no estamos bien pagados en comparación con los médicos de hospitales o de un centro de salud. Por otro, nuestras condiciones de trabajo son muy peculiares: se dan situaciones de mucho estrés, incluso arriesgadas, siempre al límite y lo peor de todo es que tienes la sensación de que, aunque hayas hecho muchas cosas y le hayas dedicado más tiempo y esfuerzo del debido, te vas pensando que no has terminado ni has hecho todo lo que deberías hacer. Eso provoca una insatisfacción, es muy frustrante, acaba quemándote y provoca malestar.

P: ¿Otra de las diferencias entre vosotros y los médicos de cabecera es la brecha salarial?

R: Por supuesto. De media un médico de prisiones gana unos mil quinientos euros menos al mes. Nosotros ganamos unos dos mil euros al mes, sin incluir guardias, que en nuestro caso pueden ser unas quince al mes. Un médico de un centro de salud gana más de tres mil euros.

P: Aún así, tu sigues en la lucha, ¿por qué?

R: Me queda un año para jubilarme, podría pensar "para un año que me queda en el convento pues paso de todo" pero no es así. Esto es vocacional, tengo mucho interés y me da mucha pena ver cómo se ha deteriorado progresivamente esta situación. Me duele tanto que sólo puedo intentar cambiarlo.

Hasta hace 10 años la forma de trabajar era muy satisfactoria, ahora la situación es irremediable, la administración nos ha abandonado. No queda otra que integrar la sanidad penitenciaria en la sanidad pública, algo que llevamos años pidiendo desde hace 16 años.

En el año 2003 salió una ley de calidad y cohesión que daba de plazo 18 meses para integrarnos en la red nacional y en las comunidades autónomas. Los gobiernos que han ido pasando no lo han hecho. Me da la impresión de que a los poderes del Estado no les interesa la sanidad de las personas desfavorecidas que están en prisión. Han tenido una visión pobre, no se dan cuenta de que invirtiendo en esta sanidad pública ahorrarían dinero.

P: Este puente de diciembre falleció uno de los internos en vuestra cárcel, ¿es consecuencia de estas carencias?

R: El hombre tenía antecedentes por consumo de drogas. No había superado su adicción.Es un fracaso del sistema penitenciario. Han muerto ocho presos en cuatro días durante el puente de la Constitución en distintos penales, pero ésto es sólo la punta del iceberg, el problema es mucho más grave, el mal es de fondo, es estructural.

P: ¿Qué repercusión puede tener esto fuera de la cárcel, para el resto de la sociedad?

R: Cuando un juez ordena el ingreso en prisión de una persona que ha cometido un delito, el objetivo es que se recupere y pueda reintegrarse en la sociedad. Si aquí podemos detectar o controlar una enfermedad, marcar determinadas pautas para que esa persona siga un tratamiento, evitar que enfermos mentales tengan brotes o ayudarles a salir de las drogas habremos conservado su estado de salud, ayudando además a todas las personas con las que luego van a convivir, a toda la sociedad, evitaremos un problema de salud pública.

Si esos problemas no se han encauzado o no se han controlado en la cárcel, esas personas seguirán teniendo conductas de riesgo cuando salgan, será muy difícil acabar con ello. Enfermos mentales o con problemas con las drogas ponen en peligro al resto de los ciudadanos pero además tendrán que acabar ingresando de nuevo, de urgencia, en malas condiciones, lo que acarreará además un problema económico para la sociedad.